El Gobierno inició una auditoría interna y echó a 60 funcionarios tras sospechas de venta de información a fondos buitres. Hay hermetismo total sobre el avance del caso.
17 de julio de 2025
FH PRENSA
Una grave sospecha de corrupción sacude al corazón del sistema legal del Estado. La presunta filtración de datos confidenciales de la causa YPF habría sido realizada desde la propia Procuración del Tesoro, organismo que representa al país en litigios millonarios. La noticia desató una fuerte reacción oficial que derivó en despidos masivos y cambios estructurales.
El presidente Javier Milei firmó un decreto para reordenar el organismo y respaldar la conducción del nuevo procurador Santiago Castro Videla. Entre las modificaciones figura la fusión de direcciones y la eliminación de áreas completas como la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Desde la Casa Rosada se ha impuesto un férreo control de la información. No se han brindado detalles sobre los datos comprometidos ni sobre los supuestos destinatarios, aunque se mencionó al fondo Burford, conocido por litigar contra Argentina en Nueva York. “El hermetismo es total”, dijeron desde Presidencia.
A la par de los despidos, el Gobierno inició una auditoría interna, que podría ampliarse con la participación de organismos externos como la PIA. El objetivo es identificar cómo, cuándo y quiénes estuvieron implicados en esta presunta venta de información crítica.
La reducción de personal y la reforma estructural también responden a la lógica de achique del Estado que promueve la actual administración. De los 242 empleados registrados, tras la purga se espera que la planta quede en unos 180. La intervención es vista como una señal de alerta para otros organismos sensibles del Gobierno.
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