Tras el congelamiento, los senadores nacionales cobrarán $9 millones en su próximo sueldo

A partir del descongelamiento de sus haberes, que venció el 31 de marzo, los legisladores de la Cámara alta pasarán a percibir en mayo una remuneración bruta superior a los $9 millones, lo que implica ingresos netos de entre $6,5 y $7 millones.

El incremento responde a la actualización del valor del módulo, la unidad de cálculo utilizada para definir los sueldos en el ámbito legislativo. Tras estar congelado desde agosto, este parámetro se elevó a $2225,25 y, luego de un nuevo acuerdo paritario del gremio APL, alcanzó los $2285. Aplicado a los 4000 módulos que componen la dieta de un senador con desarraigo, el resultado es un haber bruto de $9,1 millones.

Este nuevo esquema representa un salto considerable respecto a los sueldos previos, que rondaban los $5,4 y $5,8 millones en mano. Además, consolida una brecha del 60% respecto a lo que cobrarán los diputados, cuyo haber bruto se estima en unos $5,7 millones. En términos comparativos, la nueva dieta senatorial equivale a 23 veces el salario mínimo y es 18 veces superior a una jubilación mínima con bono incluido.

El tema fue motivo de polémica en abril, cuando la Cámara alta votó a mano alzada un esquema de aumentos que incluía una dieta decimotercera y nuevos módulos por representación y desarraigo. El escándalo obligó a congelar los sueldos hasta fin de año, medida que luego se prorrogó hasta marzo. Ahora, con las sesiones ordinarias reanudadas, la responsabilidad de frenar el aumento recae exclusivamente en los propios senadores, aunque el debate brilla por su ausencia.

Fuentes del oficialismo admitieron que el tema no figura en la agenda parlamentaria, y que durante la última reunión de labor, donde se definió postergar proyectos clave como Ficha Limpia y los pliegos diplomáticos, no hubo consenso ni voluntad política para retomar la discusión. Mientras tanto, algunos legisladores justifican los incrementos por el alto costo de vida en Buenos Aires, mientras otros apuntan al contraste con los salarios del sector privado o del Poder Judicial.