Jefes del Servicio Penitenciario Federal bajo la lupa de la justicia

El viernes pasado más de 100 efectivos pertenecientes a la Gendarmería Nacional y a la Policía Federal llevaron a cabo allanamientos en el interior del Complejo Penitenciario NOA III, penal federal que se encuentra en la localidad de Güemes, desde donde secuestraron distinto tipo de drogas, teléfonos celulares y otros elementos. La justicia investiga si altos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal están implicados en algunos ilícitos

Fuentes cercanas a las pesquisas que desde hace varios meses se vienen llevando a cabo, le confiaron a El Tribuno que en medio del allanamiento los sabuesos encontraron sustancias estupefacientes como marihuana y cocaína. En la oficina de uno de los jefes, en uno de los cajones del escritorio, había marihuana, también hicieron un backup a una computadora.

Los investigadores se llevaron el contenido del disco rígido donde había, según las fuentes, fotos de una plata de marihuana de unos 20 centímetros en uno de los pabellones y una balanza en la celda de un interno.

En domicilios particulares

Los allanamientos se hicieron también en domicilios particulares, en dos de ellos los uniformados irrumpieron en la casa de dos jefes desde donde se llevaron una computadora y teléfono celular entre otras cosas. En el otro operativo secuestraron teléfono celular y objetos de valor para la causa.

Pesquisas que vuelven a poner sobre la mesa un hecho de una gravedad institucional sublime en la fuerza nacional. Una vez más funcionarios con altos mandos -y otros de menor rango- sospechados de llevar a cabo maniobras delictivas dentro y fuera del Servicio Penitenciario Federal, en esta oportunidad con el penal de General Güemes como epicentro de la corrupción.

Al parecer, y según se desprende de fuentes investigativas, cuando a los detenidos en la unidad se lo llamaba para declarar acerca del tema, algunos manifestaron y dieron nombres de agentes y/o jefes que se encargaban de hacerlos pasar y cuánto era el monto a cobrar y la forma que debía pagar.

Los fiscales federales a cargo del caso intentan establecer y recabar pruebas de una presunta red u organización que podría estar atrás de todo este movimiento delictivo. Incluso hay sospechas que la presunta red tendría vínculos en la vecina provincia de Jujuy. Por el momento esto último no deja de ser un supuesto, una de las tantas hipótesis que vienen manejando los fiscales en el marco de la investigación.