La Justicia de Estados Unidos define si Argentina debe entregar acciones de YPF

Juicio por YPF. Diez años después de iniciada la causa, este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York debe resolver si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de que la Argentina entregue las acciones de la petrolera YPF como pago por la expropiación “mal realizada” en el 2012, o si obliga a la Argentina a depositar ese activo, u otros.

Existen tres posibilidades:

Que se le conceda a la Argentina continuar la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones. La jueza Preska, encargada del caso, determinó en junio pasado que el juicio de US$ 16.100 millones se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.

Que la Corte niegue la cautelar presentada por el Estado y, por lo tanto, Preska pida la ejecución de las acciones. Ya el financista de los demandantes, Burford Capital, anticipó que no liquidará ese pago, como “acto de buena fe”.

Que la Corte conceda la medida en suspenso, pero entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.

Si la Corte de Apelaciones mantiene en suspenso la orden de la jueza Preska de entregar el 51% de acciones de YPF como pago del juicio, habrá otra instancia en la que se definirá sobre esa orden en sí.

Si la Corte no concede la suspensión total del traspaso de las acciones, es decir, se define por cualquiera de las otras dos opciones, se abren dos caminos:

Llegar a un acuerdo con los acreedores.

No cumplir el fallo.

En el segundo caso, la Argentina corre riesgo de entrar en desacato, y arriesgarse a sufrir el embargo de reservas del Banco Central (BCRA), intervenir para que el país no pueda salir a los mercados de capitales o que se le embarguen activos a YPF.

Cuál es el origen de este juicio multimillonario

El juicio es por la expropiación de la petrolera, por el cual la jueza Preska dispuso que la Argentina debe indemnizar a los demandantes en US$ 16.100 millones, a los cuales se les suman más de US$ 2 millones diarios de intereses.

En el juicio no se discute si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, ni un tema de soberanía del país.

La demanda es porque el gobierno de Cristina Kirchner no realizó la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF, omisión que perjudicó derechos de inversores que compraron las acciones en Nueva York -donde cotiza YPF-, y que por lo tanto da lugar a que el litigio se produzca en Nueva York.

Según recordó Clarín, el litigio surge del incumplimiento de una promesa realizada por el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1993, cuando acudió a Wall Street para privatizar la empresa, recaudando US$ 1.100 millones bajo las leyes y regulaciones del mercado de capitales de Estados Unidos.

En la historia que lleva a la reestatización de YPF aparecen muchos actores:

Uno es el Grupo Petersen, que adquirió antes el 25% de YPF con fondos prestados por la propia Repsol (la dueña hasta ese entonces de YPF); y un grupo de bancos internacionales, entre los que se destacaron Credit Suisse, Goldman Sachs y el Citibank.

Con Petersen accionista, el gobierno de Cristina Kirchner decide la expropiación de YPF. La Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, aprobada en mayo de 2012, le permitió al Gobierno expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol.

Cuando Petersen adquirió las acciones se comprometió a pagar con dividendos de sus acciones en la petrolera. Pero cuando se nacionalizó YPF, la empresa prohibió los dividendos, lo que llevó a Petersen a la quiebra al no poder pagar a los bancos. 

El inicio de la causa

El juicio de YPF se inicia en 2015. Y es acá cuando otro actor importante hasta hoy comienza a jugar: Burford Capital.

La quiebra de las empresas del Grupo Petersen recayó en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, que nombró a un síndico y subastó el derecho a litigar.

En la subasta pública, Burford Capital, una compañía que se dedica a comprar juicios para luego financiar los litigios, es elegida por el síndico porque Petersen carece de los recursos, el capital, y la experiencia necesarios para llevar adelante un pleito caro, complejo y largo.

Burford también financia el pleito de Eton Park (una empresa de inversiones de Nueva York). Petersen y Eton Park eran el segundo y tercer mayor inversor en YPF, respectivamente, puntualiza Clarín.

Burford ganó la subasta y fue designado por el Tribunal español para gestionar y financiar el litigio. Pero Burford no compró las demandas, y no es propietario de las mismas.

Pero cuando los acreedores cobren la demanda, un 70% irá a Burford Capital y el 30% le corresponde a la quiebra de las empresas del Grupo Petersen a cargo de un síndico.

Este síndico distribuirá ese dinero entre los acreedores de la quiebra de Petersen, que no va a recibir fondos, porque las deudas que tiene por los préstamos son probablemente mayores a lo que le correspondería. Fuentes cercanas a los Petersen aseguraron a NA que “la familia Eskenazi puso 100 millones de dólares de fondos propios” en esa operación. “Está certificado eso en la operación de compra”, señaló esa fuente de primera línea.