El vocero presidencial anunció que se publicará un DNU con cambios en el régimen migratorio, que incluirá restricciones al ingreso, aranceles para servicios públicos y expulsión automática de condenados.
Nacional14 de mayo de 2025
FH PRENSA
El Gobierno nacional oficializó el lanzamiento de su propia reforma migratoria a través de un anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien adelantó que las nuevas disposiciones se publicarán próximamente en el Boletín Oficial mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El objetivo central es restringir el ingreso y permanencia de extranjeros en el país bajo criterios más estrictos.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la prohibición de entrada al país a personas extranjeras con antecedentes penales y la deportación inmediata de aquellos que cometan delitos en territorio argentino, sin importar la magnitud de la pena. Aunque no se detallaron aún los mecanismos de implementación, se habilitará la expulsión incluso por delitos con condenas menores a cinco años.
Adorni, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios del área, justificó la decisión asegurando que “Argentina fue demasiada permisiva para quienes ingresan de forma irregular”. La nueva normativa busca emular el modelo aplicado durante la gestión de Mauricio Macri, con la implementación del DNU 70/17.
Además del endurecimiento en materia penal, la reforma establece que los residentes transitorios, temporarios e irregulares deberán pagar por el uso de los servicios de salud pública. También se exigirá la contratación de un seguro médico al ingresar al país. El Gobierno argumenta que el gasto anual en atención médica a extranjeros supera los $114.000 millones.
En el ámbito educativo, se permitirá a las universidades nacionales cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente, aunque esta medida no afectará a los niveles inicial, primario ni secundario. Según el Ejecutivo, la reforma migratoria busca “ordenar el sistema” y garantizar que el acceso a los servicios públicos sea sostenible.
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