Tras un largo camino judicial, este martes en los tribunales de San Isidro finalmente comenzará el primer juicio, y el principal, contra siete de los ocho profesionales de la salud acusados de haber tenido responsabilidad en la muerte de Diego Maradona (60), ocurrida en su casa del barrio San Andrés de Tigre el 25 de noviembre de 2020.
La cita es a las 9 en el Tribunal Oral en lo Crimina N°3, integrado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach.
Los imputados son el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la representante de la empresa de medicina prepaga Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón y quien era su jefe Mariano Perroni; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.
Todos están acusados por el delito de “homicidio con dolo eventual”, que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. ¿Qué significa? Según los fiscales, los imputados habrían actuado con conocimiento de las posibles consecuencias fatales de sus acciones u omisiones, pero no tomaron las medidas necesarias para evitarlas.
La octava imputada en la causa por la muerte de Maradona es la enfermera Dahiana Madrid, quien más adelante se enfrentará a un juicio por jurados. También se hará en los tribunales de San Isidro.
En el primer juicio por la muerte de Maradona, que comienza este martes, las partes están citadas para exponer las pruebas que -se espera- esclarecerán las circunstancias en las que Maradona falleció mientras se encontraba con internación domiciliaria en su casa de Tigre.
En este contexto, los fiscales a cargo de la acusación, Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, buscarán probar en las audiencias que los integrantes del equipo médico de Diego eran conscientes de la delicada situación de salud de su paciente y que, aun así, no tomaron las medidas necesarias para evitar las consecuencias fatales.
Será un juicio largo: según detallaron fuentes judiciales a Infobae, la sala del segundo piso del palacio de tribunales de San Isidro está reservada hasta el 17 de julio próximo, por lo que se esperan más de cuatro meses de intenso debate.
La extensión del proceso, no obstante, dependerá de la cantidad de pruebas expuestas a lo largo de las jornadas y de los testigos que se presenten en cada una de ellas. Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a este medio que la lista de personas que declararán en el juicio -propuestos y aceptados por todas las partes- suman 109.
Entre ellos se espera que se presenten ante las autoridades judiciales varios familiares de Maradona, incluyendo sus hijos mayores Dalma, Giannina, Jana y Diego Junior-, personas del círculo íntimo del Diez y periodistas.
También darán su testimonio varios médicos. Uno será el doctor Collin Campbel, vecino del barrio donde murió Maradona, que fue de los primeros en revisar su cadáver y es considerado, para los fiscales, una “voz imparcial”.
Su declaración se complementará con algunas pruebas fundamentales: en las audiencias, además, se darán a conocer las transcripciones del código rojo de aquel día, el video de la primera vez que se ingresó a la casa luego de la muerte del Diez y también la filmación de la autopsia, que determinó que el astro del fútbol falleció por un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y una “miocardiopatía dilatada” en su corazón.
Asimismo, el abogado Fernando Burlando, que representa a las hijas mayores de Maradona, buscará demostrar que la casa de San Diego no era apta para montar una internación domiciliaria.
Dado que la salud de Maradona es el punto central del juicio, los fiscales también mostrarán una minuciosa reconstrucción de su historial médico de los últimos 20 años. Para eso, se anexaron al expediente las fichas clínicas de la Fundación Favaloro, del Instituto Fleni, del Instituto Sacre Coeur, de la Clínica Olivos, y de los sanatorios Arcos y de la Trinidad.
La psiquiatra le sugirió al médico de cabecera del Diez qué anotar en la historia clínica para deslindar responsabilidades por la internación domiciliaria.
La fiscalía y defensa del imputado plantearon a la jueza un acuerdo para que se imponga la pena de tres años de prisión en suspenso.
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