En un nuevo capítulo del caso por lavado de dinero conocido como “Ruta del dinero K”, el fiscal federal Abel Córdoba solicitó al Tribunal Oral Federal 4 la detención de seis personas condenadas a penas de más de tres años. La medida fue impulsada luego de que la Corte Suprema ratificara las condenas este jueves.
Entre los pedidos figura el de Fabián Rossi, exapoderado de S.G.I., quien fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Rossi cobró notoriedad pública por su vínculo con Iliana Calabró, pero en el expediente judicial se lo responsabiliza por abrir cuentas en Suiza a nombre de firmas vinculadas a los Báez.
Los otros cinco pedidos de arresto involucran a exdirectivos de empresas y bancos que formaron parte de la operatoria de lavado de 55 millones de dólares. Todos están acusados de haber facilitado la fuga de capitales y su posterior reingreso al país con apariencia de legalidad.
Al mismo tiempo, los abogados defensores de los implicados presentaron pedidos para que se les conceda prisión domiciliaria, amparados en razones de salud y edad avanzada. Algunos superan los 70 años, lo que podría habilitar ese beneficio bajo ciertas condiciones.
El fiscal también solicitó que se compute formalmente la pena de diez años de cárcel que pesa sobre Lázaro Báez, considerado el principal arquitecto del entramado financiero ilegal que operó a través de Austral Construcciones y la financiera S.G.I.
La Justicia mantuvo la prisión preventiva del exjuez acusado de corrupción, cohecho y favorecimiento en causas penales. También continuará detenido el abogado Ortega Serrano.
El fiscal Ferrari habló de “gravedad institucional” y solicitó el aplazamiento del debate hasta esclarecer el rol de la jueza Mackintach, acusada de permitir filmaciones sin aval.
La magistrada libró oficios al Banco Central, la Oficina Anticorrupción y la ANSES. El fiscal Taiano busca determinar el incremento patrimonial del Presidente y su hermana desde el 2023 hasta la actualidad.
El juez de la Corte aseguró que no existe ninguna incompatibilidad legal que impida su designación para un nuevo período en el máximo tribunal provincial.
El procurador Casal presentó un dictamen para agravar la condena en la causa Vialidad. También solicitó un decomiso superior a $5.000 millones.
La condena fue impuesta por el Juzgado de Garantías N°7 y compromete al diputado nacional por Salta que debe enfrentar la misma causa pero en los juzgados federales.
Manuel Adorni anunció que el programa busca formar en valores, oficios y respuesta ante emergencias. Estará coordinado por los ministerios de Defensa y Capital Humano.
Es investigado como el jefe logístico detrás de los 425 kilos hallados en General Mosconi. Tiene antecedentes penales y vínculos con Bolivia.
Las autoridades nacionales modificaron el programa que existe desde hace décadas con el objetivo de fomentar el ingreso de más jóvenes que no estudian ni trabajan. Algunos sectores advierten sobre las inconsistencias del proyecto
La abogada de Facundo Macarrón, Mariángeles Mussollini, habló con Cadena 3 y expresó que es "una victoria importante, pero solo el principio de un arduo camino".
Un problema mecánico lo dejó fuera de pista en el último tramo de la sesión. El piloto argentino no pudo mostrar su potencial.
La vuelta del ídolo a Rosario Central desató una revolución. Su presentación promete ser multitudinaria y su camiseta ya está en preventa.
Desde el 1° de junio, las personas humanas podrán acceder a un esquema simplificado que reduce obligaciones informativas pero mantiene la fiscalización. El objetivo es blanquear fondos sin declarar.
La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, reclamó una tregua a los residentes para “cerrar una propuesta concreta”. Asegura que los recursos están mal distribuidos y criticó la sobredimensionada planta administrativa.
El fiscal Abel Córdoba reclamó la detención de condenados con penas efectivas, entre ellos Fabián Rossi. También se inició el trámite para computar la condena de Lázaro Báez.
El exintendente fue hallado culpable de peculado y recibió dos años de prisión condicional. La causa se inició por denuncias de concejales y la Auditoría General.
