El exjuez Claudio Parisi continuará detenido hasta el inicio del juicio oral, luego de que el juez Pablo Mariño rechazara el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa. La decisión también alcanza al abogado Roberto Ortega Serrano, ambos acusados en una causa que investiga graves hechos de corrupción judicial.
El fiscal penal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio, se opuso a la domiciliaria y advirtió sobre el riesgo concreto de entorpecimiento del proceso. Sostuvo que, de quedar en libertad, los acusados podrían influir sobre testigos o manipular pruebas clave. “Si se los acusa de haber alterado procesos judiciales en beneficio de terceros, es razonable suponer que podrían hacerlo para protegerse a sí mismos”, argumentó.
El juez Mariño coincidió con el planteo fiscal, enfatizando que el avance a la etapa de juicio oral agrava el riesgo procesal. Citó jurisprudencia del caso Reynoso para remarcar el daño institucional y el riesgo de fuga en este tipo de delitos, especialmente cuando involucran a exfuncionarios judiciales.
En el caso de Ortega Serrano, su pedido de arresto domiciliario fue fundado en problemas de salud mental, pero fue rechazado por falta de informes médicos concluyentes. El tribunal consideró que el tratamiento puede realizarse sin inconvenientes dentro del ámbito penitenciario.
Parisi enfrenta cargos por cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y haber favorecido con domiciliaria a César “Oreja” Martínez, imputado por tentativa de femicidio y luego asesinado frente a su casa. Ortega Serrano, en tanto, fue imputado por cohecho activo.
El fiscal Ferrari habló de “gravedad institucional” y solicitó el aplazamiento del debate hasta esclarecer el rol de la jueza Mackintach, acusada de permitir filmaciones sin aval.
La magistrada libró oficios al Banco Central, la Oficina Anticorrupción y la ANSES. El fiscal Taiano busca determinar el incremento patrimonial del Presidente y su hermana desde el 2023 hasta la actualidad.
El juez de la Corte aseguró que no existe ninguna incompatibilidad legal que impida su designación para un nuevo período en el máximo tribunal provincial.
El procurador Casal presentó un dictamen para agravar la condena en la causa Vialidad. También solicitó un decomiso superior a $5.000 millones.
La condena fue impuesta por el Juzgado de Garantías N°7 y compromete al diputado nacional por Salta que debe enfrentar la misma causa pero en los juzgados federales.
Por un lado se lo acusa de ser uno de los hombres que el 1° de mayo de 2017 intentó matar a Ricardo Adrián Gerónimo. Y por el asesinato, apenas cinco después, de Raúl Fernando Martínez.
Seis personas fueron detenidas en un allanamiento en barrio Los Gigantes. También se secuestraron armas de grueso calibre, una camioneta y autopartes.
Una pareja que buscaba materiales reciclables protagonizó el macabro hallazgo. La Justicia investiga si nació con vida.
La decisión fue publicada por decreto. El criptoactivo, promocionado por Milei, colapsó tras un breve auge y generó sospechas de estafa.
La Municipalidad de Salta reglamentó el uso de plataformas digitales de transporte, con exigencias para empresas, conductores y vehículos.
Inspectores de tránsito fueron golpeados tras labrar una multa por infracción. Una agente sufrió heridas y el agresor fue detenido.
El sindicato ATEPSA comienza un plan de lucha que afectará vuelos internacionales y de cabotaje. Reclaman aumentos salariales y denuncian despidos.
Roberto Dib Ashur presentó una serie de medidas que incluyen eliminación de tasas, incentivos al sector privado y una reforma del Código Fiscal. Destacó el equilibrio alcanzado en las cuentas provinciales.
El jefe de Gabinete se reunió con el líder de Sanidad para tratar un conflicto gremial en el Hospital Naval. El esperado debate sobre el derecho a huelga quedó fuera de la conversación.
El gobernador salteño aseguró que la reforma busca corregir vacíos legales y ordenar el sistema sin afectar derechos adquiridos. Señaló además la necesidad de mayor control interno y debate legislativo.
