También fueron imputadas su esposa y su cuñada. Se detectó un manejo irregular de los recursos de la Panadería Social, lo que podría haber causado un perjuicio económico al erario municipal de aproximadamente $100 millones.
Judicial20 de agosto de 2024
AA Prensa
También fueron imputados dos familiares. Se detectó un manejo irregular de los recursos de la Panadería Social, lo que podría haber causado un perjuicio económico al erario municipal de aproximadamente $100 millones.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a Luis Emilio Fayón Medina por el presunto delito de fraude a la administración pública. Por este caso, la esposa y cuñada del expresidente de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta, fueron imputadas como partícipes necesarias del mismo delito.
Las tres personas asistieron a la audiencia de imputación asistidos por un abogado particular, se abstuvieron de declarar y no aceptaron responder preguntas de la Fiscalía.
La intervención de la UDEC se produjo tras una denuncia realizada el 24 de mayo pasado por el Procurador General de la Municipalidad de Salta, quien señaló serias irregularidades en la administración de la Sociedad del Estado Municipal «Pan Solidario». La auditoría, que se centró en el período de julio a diciembre de 2023, reveló presuntos sobreprecios, compras direccionadas y un manejo irregular de los recursos de la Panadería Social, lo que podría haber causado un perjuicio económico al erario municipal de aproximadamente $100 millones.
De acuerdo a la investigación, la Panadería Social habría favorecido a ciertos comercios sin justificación, en particular a los negocios de la esposa y la cuñada de Fayón Medina, quienes habrían facturado a la Panadería Social sumas superiores a los $50 millones por la venta de fiambres y embutidos.
Materiales y mercadería
Por el delito de peculado, es decir, del hurto de los caudales de materiales y mercadería, ya fueron imputados el ex presidente de “Pan Solidario-Panadería Social”, Luis Emilio Fayón Medina, y el ex funcionario de la municipalidad Andrés Nux, después de que varias sillas ortopédicas, mercadería, calzado, ventanas, hierros, chapas y otros elementos fueran hallados en una finca de Fayón Medina.
La investigación comenzó en diciembre del año pasado después de que la Oficina de Obras y Desarrollo de la Municipalidad radicara una denuncia sobre el presunto hurto de los bienes sociales almacenados en los depósitos municipales situados en la calle Durañona al 125 del Parque Industrial. Después de que la demanda fuera enviada a la UDEC, los investigadores se enfocaron en reconstruir los movimientos de entrada y salida que se detectaron en los depósitos municipales.
Sobreprecios en la compra de insumos
Según se desprende del informe de los investigadores, resultó, “cuanto menos extraño, que un ente de las características de la Panadería Social hubiera adquirido insumos en comercios de tan pequeña escala, sin historial en el rubro, sin una relación de provisión previa, y sin un procedimiento de selección que al menos promoviera la eficiencia y la transparencia en el gasto”.
Por otra parte, la investigación reveló la presunta existencia de sobreprecios en la adquisición de insumos. En varias facturas, el precio de la margarina adquirida era hasta diez veces mayor que el precio de mercado. A modo de ejemplo, un proveedor facturó «Margarina Premium por 10 kg» a $161.150, cuando el precio real rondaba los $16.560. La diferencia representó un daño patrimonial superior a los $3.300.000 sólo en este rubro.
Además, se detectaron inconsistencias en el uso de la materia prima comprada por la Panadería Social. Las cantidades de insumos adquiridos superaban significativamente las necesarias para la producción registrada, lo que sugiere un grave faltante de stock sin explicación aparente. Según los cálculos de la auditoría, estas irregularidades podrían haber causado un daño económico de alrededor de $100 millones.
Luego de que la investigación del desvío de materiales saliera a la luz, la ex intendente Bettina Romero, prima del principal acusado, condenó a sus ex funcionarios por las acusaciones que cayeron en su contra. “Es una actitud despreciable la de este señor”, apuntó en referencia a Fayón.
“Uno arma un equipo, gobierna y confía, pero no se puede controlar el accionar de cada uno”, reconoció la ex jefa comunal al ratificar que se trataba de un “hecho totalmente aislado”. De esta manera, reforzó el pedido para que se investigue a fondo la cuestión y que se haga justicia por lo sucedido con los fondos públicos.
Otra imputada municipal
La ex secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Salta, Silvia Varg, fue imputada por presuntamente haber cometido el delito de malversación imprudente en una causa que investiga la supuesta sustracción de mercadería y materiales de los depósitos municipales. Ya hay otros dos imputados acusados de haber participado del desvío de los bienes sociales. Luego de que la ex funcionaria pública no se presentara a la audiencia de imputación y no justificara los motivos de su ausencia, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) la intimó a presentarse. En esta segunda oportunidad, Varg acudió acompañada de un abogado particular, pero se negó a declarar, responder las preguntas de la fiscalía y aportar documentación que pudiera allanar la investigaión. La fiscal penal a cargo de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, justificó la imputación por malversación imprudente al acusar a Varg de no haber implementado los controles necesarios sobre los bienes sociales que se encontraban bajo su custodia. Una presunta prueba de la mala administración sería la falta de confección de un acta de cierre de gestión, de inventarios permanentes y control de stock.
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