El Juzgado Federal N° 1 de Tucumán dictó este viernes el procesamiento con prisión preventiva de dos dirigentes sindicales señalados por el posible encubrimiento en la desaparición de Marita Verón.

José Manuel Díaz Vélez, juez subrogante en la causa, hizo lugar a lo solicitado por el fiscal Agustín Chit, que había requerido el procesamiento para el Secretario General de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE), Norberto Manzano, y para su compañero de la delegación Tucumana, Carlos Alberto Rojas, bajo la sospecha de que ambos habrían ocultado una carpeta con fotos y documentos que demostrarían la muerte de la joven, desaparecida en 2002.

Según la denuncia, en una reunión de afiliados de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), el secretario general Manzano habría manifestado tener en su poder una carpeta con fotos de “Marita” Verón. Esas imágenes eran de la víctima sin vida dentro de la sede del sindicato Luz y Fuerza.

En ese contexto, Norberto Manzano habría hecho referencia a una vieja disputa entre Apjae y Luz y Fuerza, en particular, a “aprietes” que el titular de Luz Y Fuerza, Julio Luna ejercía. De acuerdo a la presentación, esos conflictos habían terminado debido a que Manzano le habría manifestado a Luna que dejara de “apretar” a los trabajadores porque tenía en su poder una carpeta que contenía fotografías del cuerpo fallecido de María de los Ángeles Verón dentro de la sede de Luz y Fuerza, como también, registros del posterior traslado del cuerpo al sanatorio privado.

Manzano le habría expresado a Luna: “Mirá la carpeta que tengo con la foto de ‘Marita’ Verón que ingresaron a tu gremio y a tu sanatorio, así que déjame de joder a la gente” y “con esto vas a dejar apretar a mis trabajadores, porque si no yo lo voy a llevar a la justicia”.

A partir de esto, el Ministerio Público Fiscal dispuso citar al denunciante para ratificar la denuncia. En esa circunstancia, además de brindar mayores detalles de los hechos, señaló a otras personas que aportarían su testimonio, por lo que se citó a prestar declaración también a cinco de ellas.

Como consecuencia de ello, y ante la hipótesis de que Carlos Alberto Rojas le habría entregado a Manzano dicha carpeta y que la misma seguiría en el poder de este último, el MPF solicitó una serie de medidas investigativas, que incluyeron los allanamientos de los domicilios de los acusados y de la sede central de APJAE en Capital Federal, donde se procedió al secuestro de documentación y elementos tecnológicos cuya peritaje se encuentra en trámite.