Aumento de sueldos en YPF: el jefe de Gobierno de Milei cobrará más de $70 millones
En la empresa dicen que está ese número está mal calculado porque incluye gastos de funcionamiento del directorio.
Angelina Lucía Canchi, ex intendenta de Islas de Cañas, fue denunciada por el actual intendente. La misma se encuentra imputada por fraude, administración fraudulenta, malversación de fondos y otros hechos más mientras ejercía su cargo.
Judicial 19 de mayo de 2022La fiscal penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, Mónica Viazzi, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, para Angelina Lucía Canchi como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado. Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.
Los hechos endilgados ocurrieron cuando Canchi se desempeñaba como intendenta en la Municipalidad de Isla de Cañas, departamento Iruya y fueron denunciados por el actual jefe comunal, Jorge Canchi al asumir en sus funciones.
En el extenso requerimiento, la fiscal penal Viazzi detalla las numerosas medidas probatorias producidas en la investigación, entre las que se cuenta las testimoniales recogidas, informes contables y de instituciones bancarias, de la Auditoría General de la Provincia y de las pericias realizadas por personal especializado del CIF.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostiene en la fundamentación de la acusación que Angelina Lucía Canchi incurrió en el delito de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo toda vez que libró tres cheques, que firmó y selló, con fecha 26 de diciembre de 2019, cuando había cesado por ministerio de la ley en su mandato, continuando de tal modo de forma abusiva y arbitraria en funciones.
Sobre el fraude en perjuicio de la administración pública, por administración fraudulenta y por supresión de documentos expone que la ex intendenta ocultó, mutiló o hizo desaparecer toda la documentación o registración que había en el municipio, impidiendo de esa manera cualquier tipo de control, que la nueva gestión pudiera conocer el estado financiero y contable. Afirma que la ocultación, falta y/o supresión de documentación son maniobras desplegadas (ardid) para cometer el fraude, ya que de esa manera se disponían los fondos públicos de manera discrecional con evidente perjuicio al erario municipal con lucro indebido a propios y ajenos.
De la pericia realizada, se pudo determinar que antes de cesar su gestión, Canchi libró 42 cheques entre el 7 de octubre y el 27 de diciembre de 2019, vaciando una cuenta del municipio.
Detalla que son cuatro hechos de peculado los que se le imputan a la ex intendenta. El primero de ellos se refiere a bienes pertenecientes a una fábrica de dulces que funcionaba como cooperativa y que la acusada recibió al asumir su gestión. Dicha fábrica no fue puesta en funcionamiento y los bienes fueron sustraídos mientras se encontraban bajo su custodia.
El segundo hecho corresponde al pago mediante un cheque del municipio a un trabajador particular para realizar reparaciones en su domicilio particular.
El tercer hecho se refiere al pago efectuado días previos al cese de sus funciones como intendente de un préstamo personal bancario con dinero del municipio.
El cuarto hecho imputado refiere al desvío de fondos municipales destinados al pago de una obra eléctrica en noviembre de 2019 y que no se encuentra respaldado documentalmente respecto a la suma percibida y cuál fue el destino.
En la empresa dicen que está ese número está mal calculado porque incluye gastos de funcionamiento del directorio.
La Secretaría de Minería y Energía de Salta emitió la Declaración de Impacto Ambiental para que Puna Mining S.A produzca carbonato de litio en el Salar de Rincón.
Ocurrió en el ingreso a San Lorenzo Chico y Las Costas. Personal del SAMEC y Bomberos trabajó en la zona.
La fiscal pidió que sean condenados los 3 como autores del delito de Homicidio doblemente calificado por ensañamiento y alevosía.
El juez federal Julián Ercolini tomó esta decisión. Los operativos son de búsqueda de documentación en el marco de la investigación por la contratación de seguros y que lo tienen como imputado al expresidente Alberto Fernández.
Este miércoles al mediodía el Juez definirá las condiciones en las que los futbolistas vivirán el proceso y cuál es la imputación para cada uno tras la denuncia por abuso sexual.
El arquero uruguayo abonará la caución impuesta por la jueza y vivirá el proceso en su casa de Buenos Aires.
Fue denunciado a fines de 2022. Pasará siete años en prisión.
El ahora exmagistrado de Orán se acogió a la jubilación después de ser suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento por su polémica actuación en la fuga de un sicario de un clan narco de Salta.
Los mensajes pueden ser claves para determinar qué tipo de participación tuvo el uruguayo en los hechos denunciados por la joven tucumana.
La causa donde figura la auditoría tomó relevancia hace diez días cuando la Corte Suprema de Justicia intervino en el expediente. Los defensores del empresario rechazan la pericia y sostienen que las estampillas son auténticas.
Los dos hombres y la mujer del correo admitieron su responsabilidad en los 81 hechos de estafa usando tarjetas de crédito mediante el uso de un dispositivo tipo posnet con sistema contactless.
Luego de que la Municipalidad finalice la limpieza de la casa en barrio Limache, los vecinos continúan preocupados por la situación de la familia.
Los ataques se realizaron durante la madrugada cerca de la cárcel de Piñero. Reclaman por derecho a las visitas y llamadas de los presos que están incomunicados.
El asesinato del policía, que estaba fuera de servicio y con su familia, se produjo tras intentar impedir un asalto.
La expresidenta encabezó un acto en Quilmes y ridiculizó el superávit de la gestión libertaria. “No tiene sustento”, gatilló.
El Presidente salió al cruce de la exmandataria tras sus fuertes declaraciones este sábado en un acto en Quilmes.
Ocurrió en la ruta P72S de la localidad de Cañete, 500 km al sur de Santiago de Chile, en una zona bajo vigilancia militar por ataques atribuidos a la comunidad mapuche.
El hecho se dio en las primeras horas de la mañana.