El Ministerio Público Fiscal la acusa de los delitos de peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo en concurso real. Además, fueron imputadas otras dos personas por fraude a la administración pública en calidad de coautores; y a la ex presidenta del Concejo Deliberante de Coronel Moldes, por el mismo delito.
Judicial 06 de mayo de 2022
La fiscala Ana Inés Salinas Odorisio acusó a Carreras por incumplimiento a los deberes de funcionario público por realizar la licitación pública 01/19, incumpliendo, en forma arbitraria, reglas establecidas y exigidas por la ley 6.838, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia.
También fue imputada por fraude a la administración pública ya que, como Intendenta de Coronel Moldes, suscribió un contrato de fideicomiso con cláusulas perjudiciales para la Municipalidad (ausencia de precio mínimo de venta; utilidad del 60% sobre el producto de venta; retribución al fiduciario del 12%) y procedió a transferir un bien del estado municipal a un particular, y no al fideicomiso que correspondía conforme lo autorizado por el Concejo Deliberante.
Antecedentes
El actual Intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco denunció que la Agencia de Discapacidad transfirió más de $1.379.800 al municipio para adquirir un vehículo adaptado para traslado el de personas con discapacidad en marzo de 2019, pero eso nunca se concretó.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el personal del Cuerpo de Investigadores Fiscales, la intendenta Rita Carreras libró cheques con su firma utilizando los fondos transferidos y se pudo corroborar que estos fueron cobrados por caja. “Las sumas no fueron rendidas al municipio, por lo que la sustracción de estos fondos -cuya administración y custodia se encontraban a cargo de Carreras- fue efectuada mediante el cobro por caja de cheques suscriptos por la misma”, destaca el informe de los peritos del Cuerpo de Investigadores Fiscales.
El 23 de octubre de 2018, Rita Carreras vendió un tractor marca John Deere 6300, supuestamente en pésimas condiciones, de propiedad del Estado municipal por 200 mil pesos, hecho que fue denunciado por el actual intendente.
Las investigaciones realizadas permitieron comparar que, tractores similares y en el mismo estado, se vendían en ese momento por 28.000 dólares. Además, el informe presentado por el CIF da cuenta de que, “luego de unas reparaciones efectuadas por el comprador, el tractor se encontraba funcionando en regular estado de conservación”.
“Con la conducta descripta, Carreras, en su carácter de intendente de Coronel Moles, causó un daño al patrimonio y perjudicó el normal funcionamiento de la Administración Pública de Coronel Moldes, como así también la confianza depositada en ella ya que, como intendente, tenía a su cargo la administración de los recursos Municipales”, concluyo la fiscala Salinas Odorisio antes de imputarla por fraude a la administración pública.
La ex intendenta Rita Carreras también fue imputada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que adjudicó lotes en forma directa, omitiendo efectuar en forma arbitraria los procedimientos establecidos y exigidos por la ley sobre Enajenación de terrenos fiscales, y por la ley sobre el Régimen de las Municipalidades.
El 11 de junio de 2019, Ginés Federico Ballesteros Ramos presentó una denuncia contra la ex intendenta Rita Carreras por transferir un inmueble de la Municipalidad de Coronel Moldes –a través de un proceso viciado- a uno de los imputados, y no al fideicomiso que correspondía conforme lo autorizado por el Concejo Deliberante.
La Municipalidad de Coronel Moldes es propietaria de un inmueble conocido como predio municipal La Esperanza o Loteo La Esperanza (Catastro N° 2325 – Departamento La Viña), que se encuentra ubicado en una zona privilegiada de Coronel Moldes. Desde el 2010 y hasta 2019, la comuna realizó diversas inversiones en obras, trabajos y gestiones (servicio de agua potable, cloacas, luz y apertura de calles) -en algunos con recursos propios y en otros asumiendo compromisos mediante aportes reembolsables de fondos públicos de origen provincial y nacional-; tendientes a una eventual venta en lotes del inmueble.
Los estudios de costos y los análisis financieros de una eventual venta del inmueble, mediante la ejecución del loteo, suponían una ganancia aproximada para el municipio superior a los sesenta millones de pesos (lo que representaba dos veces el presupuesto de la comuna en 2019) y una eventual subdivisión del inmueble en aproximadamente 130 lotes de una extensión promedio de 300 metros cuadrados cada uno.
Mediante la Ordenanza 10/19, el Concejo Deliberante de Coronel Moldes aprobó la constitución de un fideicomiso de administración inmobiliaria, ordenando llevar a cabo un proceso de licitación pública. En la misma Ordenanza, el Concejo resolvió “derogar toda Ordenanza anterior”, desbaratando así derechos adquiridos por terceros en base a anteriores Ordenanzas sancionadas, cumplidas y ejecutadas. Esto, bajo la presidencia de una de las imputadas, sin tratamiento parlamentario previo
El 9 de mayo de 2019, Rita Carreras suscribió -en su carácter de Intendenta- la escritura traslativa de dominio del inmueble a favor de Mefor SRL.
De acuerdo a lo denunciado por Ballesteros, el proceso de adquisición del loteo se hizo incumpliendo normativas del llamado a licitación pública, omitiéndose citar a las cámaras que nuclean al sector de las entidades inmobiliarias y del sector de la construcción, privándose injustamente de un mayor número de oferentes y se omitió la publicación de la licitación en diarios provinciales. La apertura de sobres se habría llevado a cabo sin la intervención de un escribano ni juez de paz que de fe de dicho acto administrativo.
Además, señaló que la empresa beneficiaria fue la única que compró los pliegos, aunque luego Carreras manifestó en los medios de comunicación que existían otras dos empresas interesadas en participar de la licitación: la firma JVL SRL (propiedad también de los mismos socios de Mefor SRL, y Santa Ana SRL, que no aparece constituida como tal en el Registro Público de Comercio.
Durante la investigación, desde el CIF pudieron determinar, además, que la empresa oferente encargada de comercializar los lotes, no aparece vinculada a la actividad del corretaje inmobiliario y según declaraciones del Presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (CUCIS), no registra ningún corredor inscripto vinculado a dicha sociedad, lo que supondría avalar el ejercicio ilegal de dicha actividad. Asimismo, se habría asegurado al supuesto intermediario una comisión del cuarenta por ciento, cuando en el mercado, las comisiones tienen un límite del tres por ciento a cargo del comprador y tres por ciento a cargo del vendedor.
Al día siguiente de la venta, el Club La Esperanza –que funciona en el loteo como club social desde hace años- y otros ocupantes de algunos sectores del loteo iniciaron un interdicto judicial, lo que derivó en el bloqueo del catastro en la Dirección General de Inmuebles.
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