La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria
Judicial06 de septiembre de 2025
AV Prensa
La diputada nacional Emilia Orozco quedó nuevamente en el centro de la polémica. La Fiscalía de Impugnación Nº 2 de Salta, a cargo de Mónica Poma, ordenó reabrir una investigación en su contra por supuestos aportes compulsivos a las arcas de La Libertad Avanza en Salta.
La causa se originó tras la denuncia de Cristian David Achaval, exdirector de la oficina de ANSES en Metán. El dirigente relató que, luego de asumir en septiembre de 2024, referentes libertarios le exigieron entregar hasta un 10% de su salario. Según su testimonio, los pagos debían canalizarse a través de asesores, cuentas vinculadas al partido Ahora Patria o en efectivo en oficinas políticas.
Achaval aseguró contar con audios y pruebas documentales que respaldan sus dichos. También señaló presiones directas de Orozco: desde maltratos telefónicos hasta pedidos para realizar actividades proselitistas dentro del organismo previsional. “Vi cómo a un compañero lo hicieron renunciar por no aportar”, declaró, en referencia al exdirector de ANSES Salta Norte, Gustavo Pantaleón.
Inicialmente, el fiscal penal de primera instancia había desestimado la denuncia al considerarla un “conflicto de índole privada”. Sin embargo, la fiscal Poma cuestionó esa decisión y ordenó profundizar la investigación. Entre las medidas, pidió informes a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal y a la propia conducción de La Libertad Avanza sobre los mecanismos legales de financiamiento partidario.
El objetivo es determinar si los aportes reclamados a funcionarios públicos encuadran dentro de la normativa electoral vigente o constituyen un delito de extorsión y abuso de poder.
Con esta decisión, la investigación contra Orozco y otros dirigentes salteños —entre ellos Carlos Zapata y Ricardo Ortega— seguirá su curso.
La decisión, que se tomó antes de que el Congreso revirtiera el veto presidencial, estará vigente mientras dure la investigación interna en el organismo. Qué pasará con las que ya se habían eliminado.
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