Argentina busca frenar la entrega de acciones de YPF y hará una presentación clave en la Justicia

El Gobierno argentino presentará un descargo ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. Buscan sostener la suspensión del fallo de Loretta Preska.

21 de julio de 2025AA PRENSAAA PRENSA
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Argentina presentará esta semana un escrito ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York con el objetivo de sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF, una medida que había sido ordenada por la jueza Loretta Preska. Esta presentación legal busca extender el freno actual durante todo el proceso de apelación.

El descargo argentino, que se entregará el martes 22 de julio, apunta a mantener vigente la interrupción de la ejecución del fallo mientras se sustancia la apelación de fondo. Actualmente, la suspensión solo rige mientras se presentan los argumentos iniciales de las partes.

En un giro inesperado, los beneficiarios del fallo que obliga a la Argentina a pagar US$16.100 millones indicaron que no buscan quedarse con las acciones de la petrolera. Sin embargo, reclamaron que el país deposite una garantía para poder avanzar con la apelación. Este cambio de postura se produce luego del respaldo legal del gobierno de Estados Unidos a la posición argentina, a través de un documento amicus curiae.
 
Buscan sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF

Si la Corte de Apelaciones rechaza la solicitud argentina, la orden de Preska volverá a estar vigente, obligando al país a entregar las acciones o enfrentar un posible desacato judicial. Aunque esta figura no está formalmente prevista para un Estado soberano, podría implicar sanciones económicas y dañar aún más la credibilidad argentina ante los mercados internacionales y organismos financieros.
 
En este nuevo contexto, con un clima judicial más favorable y el apoyo de Estados Unidos, Argentina intenta ganar tiempo para afrontar la apelación sin verse forzada a desprenderse de las acciones de YPF de forma inmediata. El resultado de esta presentación será clave para definir los próximos pasos del país en una disputa legal que podría tener consecuencias financieras de gran escala.

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