El Gobierno le pidió a la justicia de EE.UU. que suspenda el fallo que ordenó transferir las acciones de YPF

El Gobierno presentó un escrito ante la Justicia de los Estados Unidos para suspender la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de juicio hasta que la Cámara de Apelaciones de Nueva York resuelva el recurso presentado en enero de 2024 contra la sentencia de fondo.

Se trata del reclamo por más de U$S16.000 millones impulsado por los fondos Burford Capital y Eton Park por la forma en que se realizó la estatización de la petrolera en 2012. La Casa Rosada insiste en que la jueza se excedió en su jurisdicción al ordenar la entrega de activos argentinos y asegurá que apelará el fallo de primera instancia sobre la ejecución del juicio en la semana próxima.
 
En el escrito que se presentó a la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, el Ejecutivo sostiene que la entrega de las acciones “implicarían un daño irreparable” y que no puede ejecutarse una sentencia parcial cuando el fallo de fondo aún no fue revisado por el tribunal superior.

“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, advierten los letrados al señalar que, si los demandantes tomaran control del paquete accionario y decidieran venderlo —como ya solicitaron en sus presentaciones judiciales—, el daño sería irreversible incluso si Argentina gana la apelación.

En la nueva presentación, el Gobierno no sólo le pidió a la jueza Preska que suspenda la entrega de las acciones, sino que también dicte una suspensión provisoria (interim stay) mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor. Entre los argumentos figura el impacto estratégico que tendría para la Argentina perder el control de YPF.
 
“Es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley”, expresaron los abogados. La referencia es a la ley 26.741, que exige que el Estado conserve una participación mayoritaria y que cualquier movimiento accionario debe ser autorizado por el Congreso. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito.

El Ejecutivo no ofreció garantías financieras -como un bono o activos- para frenar la ejecución. En la Casa Rosada aseguran que no piensan ceder el control de YPF ni iniciar ningún pago, y que las acciones no pueden ser vendidas sin una ley del Congreso. En ese marco, el planteo del Gobierno busca ganar tiempo y evitar que los fondos litigantes avancen con embargos sobre activos estratégicos en el exterior.

La definición ahora está en manos de la jueza Preska, que podría responder en los próximos días. En Nación sostienen que acudirán directamente al Segundo Circuito para solicitar la suspensión de la ejecución por vía de urgencia si la jueza niega el pedido.
 
El Gobierno apunta además a discutir el cálculo económico del fallo. Según pudo saber TN, los equipos técnicos del oficialismo creen que la fecha que se utilice para valorar las acciones puede alterar fuertemente el número. Lo mismo aplica para el tipo de cambio y para el precio de mercado de las acciones de ese momento.

El Ejecutivo descarta por el momento cualquier tipo de arreglo extrajudicial. “Las negociaciones están congeladas. Esto se va a definir en la Cámara”, aseguran. De hecho, hubo simulacros de audiencia en febrero y se espera que la audiencia pública ante el Segundo Circuito pueda celebrarse en septiembre.

La Casa Rosada busca evitar que se materialice un embargo y sostiene que forzar la entrega de acciones ahora sería “mover los límites de lo aceptable en derecho internacional”. Insisten además en que la sentencia aún no está firme y que la Argentina tiene argumentos sustanciales para revertirla en segunda instancia.

Nación mantiene además la postura de que la orden judicial excede la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, ya que las acciones están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y su cesión, incluso por orden judicial extranjera, choca con la legislación local vigente.