La Casa Rosada, que acusa a los jueces de “trabar los procesos de deportación”, buscará imponer un nuevo régimen para agilizar la salida en casos de ilegalidad. Abarca cambios en el título V de la Ley de Migraciones (25.871).
Política14 de marzo de 2025
Priscila Corregidor
El Gobierno prepara medidas para acelerar el proceso de deportación de inmigrantes ilegales en la Justicia. Se trata de uno de los capítulos de la reforma migratoria en la que trabaja la mesa técnica del oficialismo, que incluye también el arancelamiento sanitario y universitario a extranjeros no residentes.
La Casa Rosada quiere modificar el título V de la Ley de Migraciones (25.871), que abarca el marco jurídico de “La legalidad e ilegalidad de la permanencia de extranjeros”. Se trata de los artículos -desde el 60 hasta el 73- que contemplan las medidas de expulsión de los inmigrantes ilegales del territorio argentino.
En Balcarce 50, acusan a la Justicia de “trabar los procesos de deportación” y sostienen que impondrán un nuevo régimen que acelere los cursos de salida en casos de ilegalidad. La autoridad de aplicación es la Dirección Nacional de Migraciones, que tiene la atribución de decretar la expulsión de un inmigrante ilegal y de actuar como parte ante la Justicia en la revisión de la decisión administrativa.
El artículo 70 establece que la jefatura de gabinete del Interior debe solicitarle a la Justicia la retención del extranjero a través de una resolución. La Policía Migratoria auxiliar es la encargada de realizar el operativo, debe alojar a los detenidos en sus dependencias y custodiar a los expulsados en el trayecto de salida si lo requieren.
Según la normativa, la deportación de inmigrantes ilegales dispone la prohibición de reingreso permanente o por un término que mayor a cinco años. La extensión de la sanción depende de los motivos que impulsaron la medida, como otros delitos penales o la falsificación de la documentación.
El artículo 37 de la Ley de Migraciones establece que “el extranjero que ingrese a la República por lugar no habilitado a tal efecto, o eludiendo cualquier forma de contralor migratorio, será pasible de expulsión en los términos y condiciones de la presente ley”.
La ley contempla además que el extranjero retenido pueda solicitar la suspensión de la expulsión en caso de que sea padre, hijo o cónyuge de un argentino nativo. Migraciones tiene la función de constatar la existencia del vínculo en un plazo de cuarenta y ocho horas hábiles.
El Gobierno deberá poner en libertad al detenido y habilitar un procedimiento de sumario de regularización migratoria si se confirma el argumento. Nación tampoco puede expulsar a los extranjeros que no cumplan una obligación contemplada en un contrato laboral.
El Ejecutivo estudia diferentes vías para impulsar cambios en la Ley de Migraciones (25.871). Tiene listo un proyecto para enviar al Congreso en las próximas semanas, pero analiza realizar modificaciones a través de un nuevo decreto reglamentario de la norma.
“Hay detalles de la reforma que no van en contra de la ley actual, de forma que pueden salir por decreto”, expresan en Nación. El texto pasó por las oficinas del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, y del vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán.
El borrador de la reforma contiene además un esquema más restrictivo para la entrega de ciudadanías y residencias a extranjeros. Aplica también para los estudiantes y para los que busquen aplicar para una residencia permanente. El Gobierno denuncia que no hubo un control directo de la presentación de la documentación durante la gestión anterior.
La Casa Rosada quiere restringir además a los inmigrantes ilegales que tienen hijos en el país y obtienen la residencia luego de que sus descendientes nazcan y se conviertan en ciudadanos argentinos. Está relacionado con el programa de regularización Patria Grande, que fue impulsado bajo la presidencia de Néstor Kirchner y regularizó 565.831 individuos hasta el 2007.
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