La oposición conformada por el peronismo, la UCR y tres senadores del PRO votó en rechazo y derogó el decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgó $100.000 millones adicionales a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Fue otro duro golpe para el gobierno de Javier Milei, que horas antes ya había sufrido la aprobación de la la Ley de Financiamiento Universitario.
Se trata además de un hecho inédito: es la primera vez que el Congreso rechaza un DNU, desde la ley de 2006 que regula el tratamiento de estas decisiones.
La derogación del DNU obtuvo 49 votos a favor de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (excepto los ausentes mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri), y tres del PRO (la porteña Guadalupe Tagliaferri, la pampena Victoria Huala y el entrerriano Alfredo De Ángeli. El oficialismo apenas juntó 11 y hubo dos abstenciones, del macrista Martín Goerling (Misiones) y la chubutense Andrea Cristina.
El DNU de la SIDE fue dictado el pasado 23 de julio, luego de que la cúpula del Ejecutivo decidiera la disolución de la AFI y restaurara la vieja SIDE. El decreto le dio $100.000 millones de fondos reservados a la flamante secretaría que quedó en manos de Sergio Neiffert, a quien lo vinculan con Santiago Caputo, asesor principal de Milei.
El segundo golpe vino por el lado de las universidades.
La ley no solo incrementa el presupuesto, sino que incluye una recomposición para los docentes y no docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El texto sancionado establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.
De acuerdo a la OPC, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.
De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones. De proceder de esa manera, el oficialismo quedará a merced de otra masiva movilización como sucedió a principios de abril. Durante el mediodía del miércoles tuvo una pequeña dosis con una manifestación de estudiantes frente al Palacio Legislativo.
La aprobación fue por 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. Para la Casa Rosada, el 0,14 por ciento atenta contra la política de déficit fiscal a la que apunta el ministro de Economía, Luis Caputo.
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El oficialismo negociaba hasta último momento para intentar alcanzar el apoyo de los espacios dialoguistas que le permita sostener la decisión presidencial. Las especulaciones sobre las ausencias y los respaldos sobre la hora.
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