FH PRENSALas dificultades financieras en las provincias comienzan a encender señales de alarma entre los gobernadores. Con la recaudación en retroceso y crecientes demandas salariales del sector público, varios mandatarios reconocen en privado que atraviesan una situación crítica. “Estamos prendiendo velas a la coparticipación”, admitió uno de ellos, reflejando el nivel de dependencia de los recursos que envía la Nación.
El deterioro fiscal ya se siente en distintos distritos. En las últimas semanas se multiplicaron las protestas de policías provinciales y otros empleados estatales que reclaman mejoras salariales. En Santa Fe se resolvió otorgar aumentos por encima de la canasta básica total, mientras que en Jujuy se acordó una suba del 10% junto con la actualización del salario mínimo y adicionales.
Frente a este escenario, algunos gobernadores comenzaron a deslizar la posibilidad de impulsar un nuevo pacto fiscal con el Gobierno nacional para 2026. La idea, planteada de manera informal, apunta a coordinar una reducción de impuestos entre Nación y provincias que permita dinamizar la actividad económica sin que el costo recaiga solo en las administraciones provinciales.
Sin embargo, desde la Casa Rosada rechazan la propuesta y consideran que no existen condiciones para avanzar en un acuerdo de ese tipo. Funcionarios del Poder Ejecutivo sostienen que ya se promovieron rebajas tributarias, como la propuesta incluida en el proyecto de modernización laboral que contemplaba una reducción del impuesto a las ganancias para grandes empresas.
En el Gobierno aseguran que el ajuste fiscal realizado por la Nación no tuvo el mismo correlato en las provincias. Según fuentes oficiales, mientras el gasto nacional se redujo cerca de cinco puntos del PBI desde 2023, las administraciones provinciales y municipales no aplicaron recortes equivalentes. Por ello, sostienen que cualquier reforma impositiva debe comenzar con una baja del gasto y de los tributos locales.
