El Gobierno publicó el decreto que firmó el Presidente el viernes. La ley quedará sin vigencia hasta que se debata en ambas Cámaras. La oposición quiere revertir la impugnación de la Casa Rosada.
Política02 de septiembre de 2024
Priscila CorregidorEste lunes se publicó en el Boletín Oficial el decreto de Javier Milei que veta de manera total la reforma jubilatoria que aprobó el Congreso hace unas semanas. “Obsérvase en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.756″, señala el decreto presidencial.
El Gobierno cuestiona en el escrito que “el proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
“El propio reglamento de la Cámara de Senadores en su artículo 126 prevé que ‘todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento. De no ser así, no se discutirá en las sesiones hasta tanto la omisión no sea subsanada’”, advirtió.
También afirma que el Congreso “debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradiga la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
El presidente advierte que “el Presupuesto vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado”.
“Esta administración tiene como objetivo primordial la emisión monetaria cero a efectos de eliminar de raíz la crisis inflacionaria que socava el poder adquisitivo de los argentinos”, remarca el decreto.
El Gobierno asegura que “seguirá generando las condiciones necesarias para evitar el deterioro de los haberes, de la solvencia fiscal y el crecimiento genuino”.
“Por todo lo expuesto y a los fines de que el país continúe en la senda de la estabilidad y el crecimiento, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto total de la iniciativa legislativa que le ha sido remitida”, dice el decreto.
El viernes, Javier Milei se reunió con legisladores del PRO, del MID y de La Libertad Avanza para expresarles las razones del veto. El Presidente quiso asegurarse que los bloques aliados en Diputados no acompañen el rechazo al veto que prepara la oposición. Apuntó además a que Óscar Zago (MID) vuelva a acercarse al oficialismo a través de un interbloque.
Tras la decisión firmada por el Presidente, la disputa por el aumento de los haberes a los jubilados no está terminada: el veto de Milei deberá ser tratado por el Congreso. Si el Gobierno no consigue blindar alguna de las dos Cámaras y la oposición logra dos tercios de los votos en Diputados y Senadores, la reforma jubilatoria deberá ser promulgada.
La reforma que está en cuestionamiento pone fin a la vieja fórmula que Javier Milei dispuso mediante el DNU 274 y establece la recuperación de los haberes previsionales. Sus principales puntos son:
Los cambios que quiere el Gobierno
El Poder Ejecutivo quiere cambiar el proyecto de la reforma jubilatoria. Es por eso que a través del vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, quisieron impulsar modificaciones en los artículos 2, 4 y 10 de la ley.
Se trata del aumento adicional al sistema previsional representado en el anual del 50% de la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Incluye además la garantía de un haber previsional mínimo que no sea inferior al último valor de la canasta básica por adulto que fija el INDEC muliplicado por 1,09.
La empresa EDESA informó que técnicos trabajan desde la mañana para reparar la falla y restablecer el servicio eléctrico a la brevedad.
La presentación del proyecto de ley brinda una oportunidad clave para trazar objetivos de mediano plazo, consolidar el equilibrio fiscal y alentar la participación ciudadana en el proceso de transformación.
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