Ocurrió durante un procedimiento oficial en Altos Hornos Zapla, donde una perito de Gendarmería identificó una sustancia extraña en uno de los paquetes. Buscan determinar en qué momento se alteró la evidencia y quiénes estuvieron involucrados.
16 de julio de 2025
AA PRENSADurante un acto institucional en Jujuy para incinerar cerca de dos toneladas de estupefacientes, una perito de Gendarmería Nacional detectó una grave irregularidad: uno de los paquetes que debía contener cocaína había sido reemplazado por una sustancia amarillenta y gomosa, similar a plastilina.
El procedimiento se llevó a cabo en las instalaciones de Altos Hornos Zapla, donde habitualmente se destruyen cargamentos incautados por orden judicial.
El caso generó un fuerte impacto interno y derivó en la apertura de una investigación por presunto fraude y adulteración de pruebas. La Dirección de Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad intenta ahora reconstruir la cadena de custodia y determinar en qué instancia se produjo la alteración.
Todo comenzó con una denuncia accidental en Orán
La droga adulterada había sido secuestrada meses atrás en Orán, Salta, tras un hecho insólito: una ciudadana boliviana se comunicó con el 911 al abrir por error un auto idéntico al suyo. En el vehículo, la policía encontró tres ladrillos de cocaína que pesaban más de tres kilos. La mujer fue detenida y posteriormente deportada, mientras que la droga quedó bajo custodia de la Dirección de Drogas Complejas de la Policía de Salta, y luego fue trasladada a los depósitos judiciales.
La perito que participó en el acto de incineración ya había analizado el contenido original de esos paquetes, lo que permitió detectar la falsificación durante el control final previo a la quema.
Una sustancia sospechosa y varios interrogantes abiertos
Según fuentes vinculadas al caso, el paquete falso contenía una masa amarillenta con consistencia gomosa, sin rastros de cocaína. Hasta el momento, no hay información oficial sobre cómo fue reemplazado ni en qué tramo del proceso ocurrió. Se esperan los resultados del análisis químico para confirmar de qué sustancia se trata.
El secretario de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, reconoció que uno de los domos de videovigilancia de la zona del ataque funcionaba de forma intermitente y que su reparación había sido solicitada días antes. Según información periodística que maneja Multivision, el sistema, operado por una empresa privada, cuesta 570 mil dólares por mes y mantiene contrato vigente hasta 2032.
Los vecinos reclaman presencia policial permanente y acciones concretas para frenar una escalada de violencia que, según advierten, podría dejar nuevas víctimas.
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Jurado está imputado por "homicidio agravado por ensañamiento" en el caso de Jorge Omar Anachuri (68), desaparecido tras ser visto abordando un remis con el acusado.
Por el crimen, dos hermanos de 20 y 18 años fueron detenidos e imputados y permanecen a disposición de la Justicia.
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