La presentación del proyecto de ley brinda una oportunidad clave para trazar objetivos de mediano plazo, consolidar el equilibrio fiscal y alentar la participación ciudadana en el proceso de transformación.
Política16 de julio de 2025
FH PRENSA
Con la llegada del segundo semestre, el Gobierno debe avanzar en la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto y el plan de inversiones para 2026. Este ejercicio anual, establecido por la Constitución, es mucho más que una obligación técnica: representa una instancia estratégica para comunicar el rumbo de la gestión, fijar prioridades y mostrar coherencia en el proceso de reformas.
Según lo establece el artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de preparar este proyecto, que debe ser aprobado por el Presidente y todos sus ministros antes de ser enviado al Congreso, acompañado por un mensaje que explicite el programa general de gobierno y su vínculo con el uso de los recursos públicos.
En el contexto actual, con reformas estructurales en marcha, esta etapa permite al Gobierno transparentar sus objetivos de mediano plazo. Aun si no se logra avanzar hacia un presupuesto plurianual —como indican las leyes 25.152 y 25.917—, sí se pueden marcar metas fiscales y de inversión que brinden claridad y certidumbre.
El mensaje presidencial que acompaña el proyecto de presupuesto tiene un valor político y simbólico central: debe expresar los principios rectores de la administración y articular la visión económica con la disponibilidad de recursos. Es, además, una instancia para generar consenso y alentar el debate legislativo dentro de marcos claros y definidos.
Por eso, esta herramienta se vuelve esencial para consolidar el compromiso con el equilibrio fiscal, uno de los pilares del actual modelo económico. De su elaboración rigurosa y transparente dependerá en gran parte la confianza social, la estabilidad institucional y la viabilidad de las metas planteadas para el futuro cercano.
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