La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó la suspensión preventiva de la entrega de las acciones de la petrolera. Ahora se espera una decisión que resuelva el conflicto.
16 de julio de 2025
AA PRENSA
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó la suspensión preventiva de la entrega de las acciones de YPF. El freno judicial representa un avance para la estrategia de defensa argentina, que ya no enfrenta el plazo de 72 horas impuesto previamente ni el riesgo de incumplimiento.
Según fuentes de la Procuración del Tesoro, la suspensión se extenderá por tiempo indeterminado hasta que se convoque un nuevo tribunal que deberá resolver sobre el fondo del litigio.
“Gran revés en la justicia de Nueva York a favor de la soberanía argentina”, informaron desde la procuración. Actualmente, el subprocurador, Juan Stampalija, se encuentra en Nueva York trabajando en el caso.
Cómo sigue el caso YPF
Según explicó Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro, ahora que la Cámara aceptó el pedido conjunto de las partes y suspendió la orden de Preska, se abre un nuevo cronograma:
El 17 de julio Burford presentará su oposición al pedido argentino de extender la suspensión hasta que la Cámara se expida sobre la apelación.
Una vez que terminen los cruces de escritos y se defina la integración de la sala, la Cámara podrá fallar en cualquier momento. “No tiene plazo para hacerlo”, detalló el abogado.
Según Sebastián Maril, de Latam Advisors, en los próximos 15 días se definirá si la Corte de Apelaciones accede o rechaza el planteo de la Argentina.
Si se acepta el pedido argentino, la orden de Preska quedará sin efecto hasta que se resuelva la apelación contra su sentencia de fondo, que fijó una condena de US$16.100 millones.
La Cámara todavía no estableció la fecha de audiencia y no se espera una definición de fondo antes de 2026. En tanto, si el tribunal rechaza el pedido argentino, volverá a regir la orden de entrega de las acciones.
En tanto, como informó TN, la Justicia de Estados Unidos convocó a una nueva audiencia para el 29 de julio. En ese encuentro se definirá si se habilita el acceso a los archivos requeridos por los demandantes, en el marco del proceso de discovery. La jueza Loretta Preska planteó ese punto durante la última reunión entre las partes.
Una jugada política en el juicio por la expropiación de YPF
Emilio Apud, exdirector de YPF, sostuvo que la Argentina “debería explorar un camino más político” para enfrentar el juicio por la expropiación de la petrolera. Su planteo se suma a la estrategia que el país lleva adelante mientras espera definiciones clave en la Cámara de Apelaciones.
Según pudo saber TN, el gobierno de Javier Milei explora un camino político con la administración de Donald Trump. En ese sentido, en noviembre de 2024 lograron el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En esa carta, dirigida al tribunal de Preska, le pedían reconsiderar el pedido de entrega de acciones porque también lo tomaban como una intervención en la soberanía de la Argentina. Se buscará reforzar ese tipo de pedidos, contaron desde Casa Rosada. Concretamente, en ese pedido el Departamento de Justicia aseguraba que una medida como la de entregar las acciones de YPF “viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos”.
Por otro lado, en paralelo al camino judicial, se trabaja en distintos frentes diplomáticos. Se buscará lograr respaldos internacionales a través de la figura del amicus curiae, esto es, “amigos del tribunal”. En su momento se había conseguido el apoyo de Uruguay y Chile.
Juicio por YPF: sin lugar para negociar
Desde el Gobierno aseguraron que no hay negociaciones con los demandantes, a diferencia del bufete de abogados Burford, que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo.
“Estamos yendo por todas las opciones judiciales”, explicaron fuentes oficiales. Afirmaron que, incluso si la Cámara no otorgara la suspensión definitiva o rechazara la apelación, todavía queda abierta la vía ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
En diálogo con TN Central, el subprocurador Stampalija cuestionó el monto de la sentencia de primera instancia por US$16.000 millones. “La cifra es exorbitante, es el fallo más abultado en la historia del Segundo Circuito contra un Estado soberano”, afirmó. Según su mirada, existen argumentos que podrían revertir la condena o reducir significativamente el monto.
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