La medida la tomó el juez Julián Ercolini y aplica también para otros exfuncionarios y varios empresarios implicados en la causa, como el broker Héctor Martínez Sosa. El magistrado pidió también el levantamiento del secreto fiscal.
Judicial 10 de abril de 2024
AV prensa2
La Justicia dictó la inhibición de bienes para el expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que lo investiga por presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión.
La misma medida se aplicó para otros exfuncionarios y varios empresarios implicados en la causa, como el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, la exsecretaria del jefe de Estado María Marta Cantero, el broker Pablo Torres García, y las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras.
Según explicó el juez federal Julián Ercolini al disponer la medida, se investiga en el expediente la posible existencia de una organización delictiva "que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Ángel Fernández, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta".
Según la acusación, el Gobierno anterior “les abonaba comisiones que serían superiores a las de mercado”, y que los seguros “habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas mediante un irregular e inexistente proceso de selección”.
La imputación a Alberto Fernández
En febrero, Fernández fue imputado en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno.
En la presentación, se pidió investigar presuntos delitos cometidos por el expresidente y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, además de otros imputados.
La denuncia se presentó por supuesta "violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos".
El juez Ercolini también pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de las mismas personas y empresas afectadas por la inhibición general de bienes. Son 33 en total.
Por último, el magistrado le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) de Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre dos funcionarios actuales de Nación Seguros, el gerente general y exintegrante de La Cámpora Mauro Tanos y el gerente de compras, Marcos Eufemio.
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