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La Argentina suma apoyos en la apelación que lleva adelante para intentar revertir el fallo de la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar más de US$16.000 millones a los fondos Burford y Eton Park por el trato desigual a los accionistas minoritarios al momento de expropiar YPF.
En las últimas horas, varios países de la región y referentes del derecho enviaron sus escritos a la corte de Apelaciones de Nueva York para respaldar el reclamo argentino. Chile, Ecuador, Brasil y Uruguay se presentaron como “amicus curiae” de la Argentina y apoyaron la apelación que el país lleva adelante.
Según repasó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y que sigue los pormenores del caso, también expresaron su respaldo el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires; un grupo de exjueces supremos de la Argentina, entre los que están Eugenio Zaffaroni y Antonio Boggiano; la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (formada por 10 provincias argentinas); y un grupo de 16 abogados argentinos.
“Los demandantes no pueden responder a un amicus curiae. Lo que sí pueden hacer es presentar un amicus curiae de su parte. No descarto que venga alguno muy importante para refutar o pelear con los argumentos que presentaron quienes apoyan a la Argentina”, afirmó Maril.
Y recordó: “No hay un período de presentación para estos recursos, pero el 25 de marzo los demandantes tienen que enviar una respuesta a la apelación argentina. Así que no descarto que antes de esa fecha aparezcan los amicus curiae de Burford y compañía”.
No obstante, el especialista consideró que lo más probable es que no haya fallo de la Corte hasta septiembre u octubre de este año y remarcó que aproximadamente un 90% de las apelaciones dejan firme la sentencia de primera instancia.
El apoyo de los países de la región sobre el caso YPF
Los argumentos que los países de la región presentaron van en línea con los reclamos locales, que cuestionaban la competencia de la justicia estadounidense para resolver en un caso sobre una empresa que tenía operación en Argentina y entró en conflicto con el gobierno del país, bajo las leyes locales.
Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, publicó en su cuenta de X un extracto de la nota conjunta que remitieron Brasil y Uruguay a la justicia estadounidense. “Brasil y Uruguay están profundamente preocupados porque el Tribunal de Distrito aplicó mal doctrinas cruciales diseñadas para garantizar el respeto de las prerrogativas de los soberanos extranjeros y sus tribunales, proteger a los litigantes extranjeros de las cargas de litigar en los Estados Unidos y salvaguardar contra la aplicación incorrecta del derecho extranjero. Cada una de estas protecciones, importantes bajo cualquier circunstancia, es esencial cuando se presentan reclamaciones contra soberanos extranjeros”, dijeron.
Por su parte, Maril compartió en la misma red social una parte del escrito que presentaron Ecuador y Chile. Allí, argumentaron que “tienen un interés en este caso porque el fallo del Tribunal de Distrito, si se mantiene, interferirá con las expectativas de larga data de las naciones soberanas de que sus propios juzgados o tribunales serán el árbitro de las disputas corporativas que surjan bajo sus propias leyes relacionadas con sus propias sociedades residentes respecto de estatutos y principios jurídicos que son de dominio exclusivo de cada uno de los respectivos sistemas jurídicos de las Naciones Soberanas”.
Y añadieron que si no se modifica el fallo de Preska “amenaza con perturbar relaciones comerciales de larga data entre las naciones soberanas y sus residentes corporativos y los Estados Unidos”.
