La prórroga de la emergencia hídrica se convirtió en ley

El Senado de Salta aprobó ayer en definitiva a la prórroga del estado de emergencia hídrica por escasez de agua, declarado mediante la Ley 8.355, en todo el territorio de la provincia de Salta. La prórroga es por un año, computado a partir del 2 de diciembre. La iniciativa pasó al gobierno provincial para su promulgación.

Cinco senadores, Juan Cruz Curá, Manuel Pailler, Sergio Saldaño, Esteban D’ Andrea y Walter Wayar, votaron a favor de la prórroga pero se opusieron a la obligatoriedad de que se instalen macro y micromedidores del consumo y a las facultades que el nuevo texto le otorga a la autoridad de aplicación para hacer controles en propiedades privadas y por eso votaron en contra de los artículos 3, 4 y 5.

La defensa de la prórroga, que llegó urgida porque el 2 de diciembre se caía la ley 8.355, fue presentada en el Senado por Leopoldo Salva (Los Andes), quien reconoció que se debe discutir el uso de agua para grandes emprendimientos, por ejemplo, el consumo de las mineras que explotan el litio. 

El senador por La Caldera, Miguel Calabró, advirtió sobre el excesivo consume de agua en la población salteña, que está en un promedio diario por persona de 450 litros. “Es una barbaridad”, calificó, aunque también dijo que hay mucha pérdida por cañerías rotas. “Tenemos que bajar por lo menos un 50% el consumo”, hay “países que hoy están en 100 litros por día”, sostuvo. 

El primero en plantear objeciones fue el senador por Orán, Juan Cruz Curá (Orán), quien aseguró que el proyecto que venía de Diputados avanzaba sobre otros derechos, y cuestionó que se establezca la obligatoriedad de instalar medidores y la posibilidad del ingreso irrestricto de la autoridad de aplicación a los fundos. El senador por Chicoana, Esteban D'Andrea, coincidió con este planteo y propuso que se buscara un consenso. 

El senador por Cachi, Walter Wayar, lamentó el procedimiento para el tratamiento de la prórroga, dijo que acuerda con la continuidad de la emergencia pero objetó que Diputados sacó otra ley, distinta de la anterior. “Aquí hubo una falla, alguien no manejó los tiempos”, cuestionó. 

El intendente electo y todavía senador, por Capital, Emiliano Durand, rechazó los cuestionamientos. Destacó que en el proyecto de prórroga se prioriza a la gente. “En ningún momento viola este proyecto la propiedad privada”, aseguró antes de recordar que "el principal derecho” que protege la ley nacional es la vida, en segundo lugar se defiende la propiedad privada. “Se establecen condiciones legales para el ejercicio de ese derecho”, ratificó. 

Jorge Soto, de La Viña, añadió un argumento práctico para oponerse a cualquier modificación al proyecto que había llegado de Diputados: la ley vence el 2 de diciembre, si se hacen modificaciones no hay tiempo para aprobarla. Lo prioritario es asegurar la provisión de agua a las personas, recordó, y eso se ponía en riesgo si no se aprobaba la prórroga. 

Cambios para agilizar la minería

Por otro lado, el Senado aprobó también en definitiva, y también por mayoría, la modificación del artículo 34 de la Ley 7.141, de Procedimientos Mineros de la Provincia de Salta. El cambio es sobre el trámite que se le dará a los estudios de impacto ambiental, lo que generó suspicacias. 

Al presentar el proyecto Calabró dijo que solo se busca alivianar la burocracia estatal que muchas veces atrasa el trabajo de las empresas mineras, y al avanzar la discusión se sintió en la necesidad de aclarar que este cambio no implica que se dejarán de hacer los estudios de impacto ambiental. Javier Mónico (Rosario de la Frontera) también aclaró que la aprobación de los proyectos siempre estará en cabeza del Juzgado de Minas.

Antes de la modificación los proyectos debían ser presentados en el Juzgado de Minas, que los remitía a la Secretaría de Energía para su análisis, donde luego del estudio de impacto ambiental y social, lo aprueba o no y lo devuelve al Juzgado.  o se remite. Con la modificación los proyectos ingresarán directamente por el gobierno, que los remitirá al Juzgado para que los apruebe o no.

Los senadores Walter Wayar y Manuel Pailler (San Martín), presentaron un dictamen en minoría y votaron en contra. Wayar contó que el proyecto no se había tratado en comisión y cuestionó que se pretenda eliminar la participación inicial del Juzgado de Minas. “Qué mayor garantía que más ojos miremos los proyectos que hablan de desarrollo”. Por qué justamente en este momento se saca un poder del control. “No me parece que sea el tiempo y el momento para escindir de responsabilidades al Poder Judicia", recriminó. 

Mónico aclaró que el Poder Judicial seguirá interviniendo. Sergio Ramos (Rosario de Lerma) fue más explícito sobre los motivos para el cambio en la legislación: se debe  “dejar atrás un estado burocrático, lento. El estado tiene que ser mucho más ágil para las inversiones privadas”, se sinceró. 

Salva provócó la respuesta de Wayar al cuestionar a quienes se oponían al proyecto con la frase: “A veces desde un escritorio en Buenos Aires o acá en Capital es fácil hablar de un territorio”. Antes había dicho que las comunidades indígenas de su departamento Los Andes vienen admitiendo o rechazando proyectos.