A2 PrensaLa iniciativa corresponde a la diputada por San Martín, Gladys Paredes, y se estima que recibirá el acompañamiento de sus pares.
El proyecto propone prorrogar por un año más la vigencia de la Ley provincial 8.355, la que establece la declaración del Estado de Emergencia Hídrica por escasez de agua, en todo el territorio de la provincia de Salta, por el término de un año.
“En vistas de la proximidad de la fecha en la que se cumpliría el plazo legal establecido, el Comité de Crisis de Emergencia Hídrica, creado en el artículo 2º de la misma Ley, a través del Ente Regulador de los Servicios Públicos, da a conocer que la crisis por la que se declaró el Estado de Emergencia Hídrica continúa afectando a día de hoy el Sistema Hídrico de la Provincia y por ello manifiesta la necesidad de prorrogar la norma referida”, indica en sus fundamentos el proyecto.
A todas luces, y a partir de este proyecto, quedan expuestos los infructuosos intentos por llevar solución a la demanda histórica por el vital elemento, incluida la conformación del Comité de Crisis Hídrica, que más allá de los pronunciamientos, no ha logrado avanzar en lo operativo.
Es así como este martes llega al recinto nuevamente el proyecto, tal como el año pasado, y todavía sin encontrar responsables y culpables por esta situación que lleva varias décadas ausente de inversiones, a pesar de los empréstitos que tomó el Gobierno provincial para realizar obras a través del Fondo de Reparación Histórica y el Plan Bicentenario de 2016 en Rivadavia, Orán y Tartagal.
En el orden del día de Diputados, se prevé el tratamiento del proyecto de autoría del Bloque oficialista Todos y que propone declarar el Estado de Emergencia Provincial en Adicciones, con el objeto de atender el abordaje integral de las adicciones y/o consumos problemáticos, teniendo como ejes su prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática.
En ese sentido, sostienen que el Estado debe reforzar estos programas y aquellos que se consideren necesarios. Por lo tanto, declarar la Emergencia implica generar más herramientas para que tanto el Ejecutivo Provincial como los gobiernos municipales, las instituciones eclesiásticas, religiosas, de la sociedad civil y ONG y hasta el sector social se ocupen de estos temas.
