
Participará del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, gesto clave hacia la unidad cristiana
El primer ministro Alberto Otálora anunció que el gobierno extendió el estado de emergencia a todo el país, incluido Lima, lo cual restringe algunos derechos civiles.
Internacional20 de enero de 2023La ciudad de Lima no había visto hasta ahora incidentes tan intensos y violentos como los que se han producido en las últimas semanas en otros lugares del país, donde son ya 52 los muertos y más de un millar los heridos.
Pero la convocatoria a "la toma de Lima", lanzada por las diversas organizaciones y colectivos que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones generales para renovar el Ejecutivo y el Congreso, ha derivado en protestas con violencia.
Manifestantes y policías antidisturbios se enfrentaron en las avenidas centrales de la capital. La policía ha lanzado gases lacrimógenos y ha formado cordones para impedir el avance de los manifestantes.
Medios locales reportaron que varias personas resultaron heridas, entre manifestantes y policías.
Algunos manifestantes pudieron llegar a calles aledañas al Palacio de Gobierno y la sede del Congreso, dos puntos fuertemente resguardados por las fuerzas de seguridad.
Decenas de unidades de Bomberos atendieron un gran incendio en un edificio de tres plantas en el centro de Lima, cuyo origen se desconoce.
No se reportaron personas heridas por este hecho, aunque el fuego dejó imágenes impactantes.
La convocatoria a la protesta reunió a miles de personas de diferentes puntos del país en la plaza San Martín, la plaza Dos de Mayo y el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se les da cobijo, alimentos y otra asistencia.
El clima en la ciudad había sido de tensión a lo largo de la mañana.
Las clases universitarias fueron suspendidas y el gobierno recomendó a las empresas que facilitaran el teletrabajo durante todo el día.
El Ministerio de Salud declaró en alerta roja a todos los centros sanitarios en todo el país, ante la previsión de que las protestas en la capital se replicaran en otros lugares.
El despliegue policial en la capital fue muy extenso, con 11.800 agentes para controlar posibles disturbios, "además de 120 camionetas y 49 vehículos militares, y también la participación de las fuerzas armadas", indicó el jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabría.
En las ciudades de Arequipa, Juliaca y Cusco, centenares de manifestantes intentaron acceder por la fuerza a los aeropuertos.
En el caso de Arequipa, la terminal aérea informó que había suspendido sus operaciones este martes por precaución.
Los asaltantes, que lanzaron piedras y derribaron parte de la valla de ese aeropuerto, se enfrentaron con los policías, que usaron bombas lacrimógenas para dispersarlos.
El diario La República, citando a autoridades de salud, informó de la muerte de un manifestante en esa ciudad.
En Cuzco, el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete también suspendió temporalmente sus operaciones.
En la red de carreteras se ha interrumpido el tránsito en 127 puntos de 18 de las 25 regiones del país por las protestas, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La crisis comenzó con la detención y destitución de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.
El entonces presidente fue detenido y luego destituido por el Congreso tras anunciar por televisión la disolución del mismo y el establecimiento de un gobierno de emergencia en Perú.
De acuerdo con la Constitución, asumió entonces el cargo su vicepresidenta, Dina Boluarte, y pronto surgieron manifestaciones de protesta.
Varios departamentos del país, principalmente en el sur, se llenaron de bloqueos de carreteras y se produjeron ataques a edificios públicos e intentos de tomar aeropuertos.
La violencia se desbordó en el sur, especialmente en el departamento de Puno, donde 19 personas murieron en la ciudad de Juliaca el 10 de enero.
Las denuncias de que la policía utilizó munición letal indiscriminadamente contra los manifestantes desbordaron la indignación y resolvió a muchos a trasladar la protesta a la capital, pese a que las autoridades aseguraron haber actuado en defensa propia y de una manera proporcional.
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Robert Francis Prevost, el primer papa estadounidense de nacimiento, pero peruano de adopción, en un discurso crucial que marcó las líneas de lo que va a ser su papado.
A la vez, el mandatario ordenó al Departamento de Seguridad Nacional aumentar hasta 20.000 el número de agentes encargados de deportaciones en todo el país.
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