El sujeto fue denunciado por el padre de las damnificadas. Sus hijas le contaron que su tío las tocaba en sus partes íntimas con el pretexto de hacerles “cosquillas”. El imputado, que era docente en Iruya, y ahora concejal de Campo Quijano, cometía los abusos cuando se quedaba a dormir en casa de su madre, abuela materna de las menores.
La jueza María Victoria Montoya Quiroga, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio, ordenó que el imputado siga en libertad por la modalidad de la condena dictada.
Para llegar a esta instancia, el concejal aceptó culpa del delito que se le imputa. Aparentemente, nunca dio aviso al concejo deliberante de Campo Quijano que este martes tenía audiencia en donde se le dictó la condena.
En esta localidad, todos saben de los delitos atribuidos a este edil, incluso se le había pedido antes de asumir, que no ocupara el cargo hasta no saber la sentencia definitiva de su caso.
Llamativamente, con condena y aceptando su culpabilidad de los hechos de abuso, el presidente del concejo deliberante. Ariel Gallardo, hizo oídos sordo del dictamen judicial.
Cabe recordar que la ley contempla que los condenados no pueden ocupar cargos públicos. En Campo Quijano el cuerpo en su totalidad no tiene en cuenta la culpa del condenado concejal.
Es decir, que en Quijano tienen un concejal condenado por abuso de menores de edad y a sus pares no les interesa la gravedad de la situación.
Se omitió el nombre completo de las personas involucradas para preservar la identidad de las menores y su derecho a la intimidad y confidencialidad, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, Ley 23849) y las Leyes 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 26522 de Servicio de Comunicación Audiovisual.
La Justicia mantuvo la prisión preventiva del exjuez acusado de corrupción, cohecho y favorecimiento en causas penales. También continuará detenido el abogado Ortega Serrano.
El fiscal Ferrari habló de “gravedad institucional” y solicitó el aplazamiento del debate hasta esclarecer el rol de la jueza Mackintach, acusada de permitir filmaciones sin aval.
La magistrada libró oficios al Banco Central, la Oficina Anticorrupción y la ANSES. El fiscal Taiano busca determinar el incremento patrimonial del Presidente y su hermana desde el 2023 hasta la actualidad.
El juez de la Corte aseguró que no existe ninguna incompatibilidad legal que impida su designación para un nuevo período en el máximo tribunal provincial.
El procurador Casal presentó un dictamen para agravar la condena en la causa Vialidad. También solicitó un decomiso superior a $5.000 millones.
La condena fue impuesta por el Juzgado de Garantías N°7 y compromete al diputado nacional por Salta que debe enfrentar la misma causa pero en los juzgados federales.
La decisión fue publicada por decreto. El criptoactivo, promocionado por Milei, colapsó tras un breve auge y generó sospechas de estafa.
Tras un semestre decepcionante, Riquelme acelera el recambio técnico pensando en el debut ante Benfica. El Consejo no logra consenso y crece la incertidumbre.
La Municipalidad de Salta reglamentó el uso de plataformas digitales de transporte, con exigencias para empresas, conductores y vehículos.
Inspectores de tránsito fueron golpeados tras labrar una multa por infracción. Una agente sufrió heridas y el agresor fue detenido.
El sindicato ATEPSA comienza un plan de lucha que afectará vuelos internacionales y de cabotaje. Reclaman aumentos salariales y denuncian despidos.
Roberto Dib Ashur presentó una serie de medidas que incluyen eliminación de tasas, incentivos al sector privado y una reforma del Código Fiscal. Destacó el equilibrio alcanzado en las cuentas provinciales.
El jefe de Gabinete se reunió con el líder de Sanidad para tratar un conflicto gremial en el Hospital Naval. El esperado debate sobre el derecho a huelga quedó fuera de la conversación.
El gobernador salteño aseguró que la reforma busca corregir vacíos legales y ordenar el sistema sin afectar derechos adquiridos. Señaló además la necesidad de mayor control interno y debate legislativo.
Los investigadores sospechan que fue redactada tras el crimen. Una de las hipótesis apunta al abandono de su tratamiento psiquiátrico.
