La Justicia Federal de Río Grande dictó una contundente medida cautelar que ordena a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum paralizar de manera inmediata todas las obras vinculadas al megaproyecto petrolero "Sea Lion", ubicado en el lecho marino al norte de las Islas Malvinas. La decisión de la jueza Mariel Borruto responde a un reclamo impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y asociaciones ambientalistas, frenando así las perforaciones, la instalación de infraestructura submarina y el inicio de la extracción comercial.
El fallo judicial establece que las compañías extranjeras deberán suspender los actos materiales de ejecución del proyecto hasta que cumplan con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante las autoridades nacionales de Argentina. Al analizar el caso, la magistrada advirtió que el riesgo ecológico no es una mera hipótesis, ya que se comprobó que el consorcio había superado la etapa de planificación y ya se encontraba en ejecución, lo que representaba una inminente amenaza de alteración del lecho marino, descargas operativas y contaminación química en el archipiélago.
Mientras la causa civil preventiva avanza en Tierra del Fuego, en la Ciudad de Buenos Aires el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py impulsó una investigación penal formal contra Desire Petroleum y el propio grupo Rockhopper. Este segundo expediente, originado a partir de una denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores, busca determinar con precisión si estas firmas internacionales llevaron a cabo actividades de explotación de hidrocarburos sin la obligatoria autorización del Estado argentino, sumando así una fuerte ofensiva legal en defensa de la soberanía nacional.
