En su afán por emitir dictamen y llegar al recinto el próximo 21 de octubre, el Poder Ejecutivo defendió las reformas estructurales de la "Ley Malvinas" en la Cámara de Diputados y rechazó el pedido opositor de fragmentar el texto. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, argumentó que las nuevas facultades de seguridad son indispensables para frenar el avance de la explotación hidrocarburífera británica, puntualmente el proyecto Sea Lion, asegurando que el actual entramado jurídico quedó obsoleto.
Ante las fuertes críticas de legisladores opositores, la funcionaria negó rotundamente que el Régimen de Desistimiento funcione como un "blanqueo" o amnistía encubierta para las empresas ilegítimas, afirmando que el objetivo es poner los incentivos correctos para que cesen sus actividades. En paralelo, como gesto de apertura, propuso crear una comisión bicameral de seguimiento y se comprometió a analizar el pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) para que sea el Congreso quien deba autorizar eventuales acciones militares.
El oficialismo también debió hacer concesiones respecto a los artículos más resistidos del proyecto. Ibarzábal Murphy accedió a revisar el apartado que penaliza las "campañas de desinformación" para garantizar que no se criminalice el error periodístico ni se afecte la libertad de expresión. Con estos posibles ajustes en agenda y la advertencia sobre la urgencia del conflicto internacional, el Gobierno busca los consensos finales en un plenario que aún genera profunda desconfianza en la oposición.
