El envío del proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso desató un fuerte e inesperado cortocircuito interno entre la Casa Rosada y su propia bancada de legisladores. La polémica se encendió de inmediato luego de que el Poder Ejecutivo incluyera en el texto final la eliminación de artículos clave de la ley de emergencia en discapacidad, borrando de un plumazo los acuerdos previos que los diputados de La Libertad Avanza venían tejiendo desde hace meses con los bloques aliados para garantizar el respaldo parlamentario.
Entre las modificaciones más resistidas, el documento oficial propone derogar la actualización obligatoria y mensual de los pagos a prestadores atada al índice de inflación, permitiendo ahora que cada obra social o prepaga fije sus propios valores de cobertura en las negociaciones. Además, la iniciativa gubernamental avanza con un polémico retroceso al estipular que aquellas personas que cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) perderán el derecho a percibir su pensión por invalidez si registran un empleo formal, desatando el repudio de las cámaras y asociaciones del sector.
La sorpresiva jugada del Gobierno nacional dejó totalmente expuestos a los diputados oficialistas durante la comisión informativa, quienes no lograron disimular su asombro ante la maniobra del Ejecutivo y debieron admitir que las conversaciones deberán arrancar desde cero. Desde las bancadas del PRO y la UCR advirtieron que este drástico cambio de rumbo dinamita los consensos que ya se habían alcanzado y se negaron rotundamente a asumir el alto costo político de acompañar una ley que implique un retroceso directo sobre los derechos adquiridos.
