El Gobierno impulsa una reforma integral del sistema educativo con foco en la autonomía y el rol de las familias

El Poder Ejecutivo presentó formalmente su proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, una iniciativa que propone una reconfiguración profunda del sistema educativo argentino. La propuesta, incluida en las conclusiones del Consejo de Mayo y difundida por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reemplaza la normativa vigente desde 2006 y reorienta la gobernanza educativa hacia un esquema centrado en la autonomía institucional y la participación familiar.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la ampliación de la autonomía escolar. Las instituciones, tanto públicas como privadas, podrán definir planes de estudio, métodos de enseñanza, reglamentos internos y formas de organización. El texto habilita además a los directores de escuelas estatales a intervenir en la selección y evaluación del personal, replicando modelos de gestión más flexibles. Aunque se mantendrán contenidos mínimos comunes a nivel nacional y provincial, cada escuela podrá diseñar su propio proyecto curricular.

La iniciativa también reconoce un rol protagónico a las familias, a quienes se considera “agentes naturales y primarios de la educación”. Se formaliza la educación en el hogar como modalidad alternativa, se prevé la creación de consejos de padres con facultades para opinar sobre la designación de directivos y se habilita la publicación de resultados educativos por escuela para facilitar decisiones informadas.

Otro de los cambios estructurales es la creación de un examen nacional de finalización de la secundaria, que funcionará como instancia obligatoria de acreditación de saberes. El proyecto mantiene las evaluaciones Aprender y amplía su alcance a la valoración del desempeño docente y directivo. Además, incorpora precisiones sobre la educación virtual y su posible prestación por instituciones extranjeras.

Finalmente, la reforma redefine los esquemas de financiamiento educativo, incluyendo instrumentos dirigidos a las familias, como vales o becas, y ajustes en la asignación de fondos para universidades. El Gobierno sostiene que la evidencia internacional respalda modelos con mayor autonomía y rendición de cuentas, mientras que el Consejo de Mayo advierte que la crisis educativa argentina se debe, en gran medida, a déficits estructurales en estos ámbitos.