En medio de una fuerte movilización, Mendoza decide si le abre la puerta a la megaminería de cobre

Este martes desde las 9.30 se tratará en el Senado de la legislatura de Mendoza la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de un megaproyecto de minero de cobre en Uspallata. Se trata de PSJ Cobre Mendocino, de capitales suizos y argentinos o mina San Jorge como se lo llama informalmente.

Segun un comunicado oficial de la empresa, la mina podría estar activa hasta 27 años e implicará una inversión de 559 millones de dólares en total. 15 millones durante el primer año.

Si el Senado aprueba el impacto ambiental -y todo indica que es un escenario favorable al gobernador Alfredo Cornejo- se dará luz verde al primer proyecto de explotación minera en la provincia porque ya trae el aval de Diputados.

“El objetivo de mi primer mandato fue poner la casa en orden, pero ahora nos hemos propuesto abrir la casa al progreso, y la minería será el motor de ese progreso”, había dicho Cornejo en marzo durante la apertura de sesiones.

El gobernador, afín a Javier Milei, recibió durante la tarde del lunes el apoyo del Presidente. “Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera. Esta nueva Argentina crecerá de la mano de los tres principales vectores de la economía, el campo, la energía y la minería”, escribió en X.

El oficialismo busca obtener el visto bueno también en otras tres iniciativas: el Fondo de Compensación Ambiental, el régimen de Regalías Mineras y las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental II.

La jornada se anticipa caliente: se convocó a una masiva movilización a favor del agua y en contra del proyecto en la puerta de la Legislatura y la gobernación ordenó reforzar la seguridad. Bajo la consigna “el agua no se negocia”, La Asamblea Popular por el Agua llamó a marchar desde distintos puntos de la provincia durante todo el lunes para estar el martes en la capital durante la votación.

La preocupación de los asambleístas es por el impacto ambiental que la actividad minera podría tener sobre las reservas de agua de la provincia. Por un lado, por la posible contaminación por químicos de la cuenca de Uspallata, que desemboca en la cuenca del Río Mendoza, un curso de agua vital para la provincia; y por el otro, porque, aseguran, podría exacerbar la sequía que aqueja a la provincia desde hace 15 años.

Un caso emblema que toman como referencia es lo que pasó en Veladero, San Juan, en la mina de Barrick Gold, que tuvo en 2015 el derrame minero de cianuro más grande de la historia argentina.

“Tres de cada cuatro mendocinos vivimos dentro de la cuenca hidrográfica del Río Mendoza. Somos más de un millón y medio de habitantes que no tenemos garantías de que la mina, tal y como está diseñada y aprobada por el gobierno, no pueda llegar a contaminar con sustancias tóxicas el acuífero de Uspallata”, explicó a TN Marcelo Giraud, geógrafo, docente de Uncuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua.

A estas críticas generalizadas, la ministra de Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, aseguró: “Es falso que haya riesgos de contaminación de la cuenca del Mendoza”.

Según informes del Conicet y de la Universidad de Cuyo, la información presentada por la empresa minera es “insuficiente” o “deficiente” para determinar qué impacto tendrá en la cuenca.

Giraud también pone en tela de juicio el impacto que tendrá la instalación de la minera para la economía provincial.

“La empresa ha venido mintiendo sobre las fuentes de trabajo. Aseguran que van a ser 3900 en la construcción y 2400 en la operación pero en el informe de impacto ambiental, en el expediente oficial, reconocen menos”.

Según pudo ver TN en los documentos del estudio de impacto ambiental y en un comunicado posterior difundido por la empresa, hay discrepancias de números. En el expediente oficial se habla de 1200 personas empleadas en la construcción de la minera y 700 empleadas en la operación.

En cambio, en un comunicado posterior del 10 de enero de este año se habla de 3900 empleados durante la etapa de construcción y 2400 en la fase de operación.

Comunicado posterior dl de la empresa donde muestra el total de personas empleadas para la construcción de la minera de San Jorge
TN consultó a la empresa sobre este tema y también las denuncias por posible contaminación pero aún no recibió respuesta.

El antecedente de 2019

En 2019, durante el flamante gobierno de Rodolfo Suárez, Mendoza atravesó una de las crisis sociales y ambientales más fuertes de su historia reciente. La Legislatura provincial aprobó modificaciones a la ley 7722 —la norma que desde 2007 limita el uso de sustancias químicas como el cianuro y el ácido sulfúrico en la minería metalífera— para habilitar proyectos de explotación con un marco más flexible.

Esa decisión desató una ola de protestas masivas en toda la provincia: miles de mendocinos salieron a las calles en defensa del agua, denunciando que los cambios ponían en riesgo la calidad y disponibilidad del recurso en una provincia árida.

La presión social escaló a niveles inéditos: cortes de ruta y movilizaciones históricas en el centro mendocino. En menos de diez días, el Gobierno provincial dio marcha atrás y restituyó la 7722 sin modificaciones.