Juicio por YPF: la Argentina presentó su descargo para evitar entregar las acciones

La Argentina presentó su descargo ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York contra la entrega de acciones de YPF, ordenada por la jueza Loretta Preska como parte de pago de la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.

En el escrito, los abogados del país remarcaron que “ejecutar la orden de entrega de las acciones (mientras se apela) causaría un daño irreparable a la Argentina, ya que sería prácticamente imposible revertirla una vez concretada”. Plantearon también que si su pedido es rechazado irán de manera urgente ante la Corte Suprema de EE.UU.

También cuestionaron a la jueza Preska por entender que “resolvió una cuestión jurídica contra del criterio del gobierno de los Estados Unidos y de todos los demás tribunales que han abordado esta misma cuestión”

“Permitir que la orden se ejecute sin suspensión podría desatar un conflicto diplomático significativo, con implicancias sensibles en materia de política exterior”, añadieron los argumentos, según resumió Sebastián Maril, de Latam Advisors.

La ejecución del fallo está en suspenso hasta que las partes expongan sus fundamentos, algo que ya ocurrió, y que la Corte resuelva. Este lunes, el grupo Burford, el principal fondo demandante, presentó en la Justicia estadounidense un escrito en el que cuestionó al gobierno de Donald Trump por apoyar a la Argentina.

Los representantes de la Argentina habían apelado a principios de julio la orden de entregar las acciones de YPF que Preska dispuso el 30 de junio.

Juicio por YPF: cómo sigue tras la presentación de la Argentina

Luego del descargo de la Argentina, completado esta madrugada, y de la oposición de los abogados de Burford sobre el final de la semana pasada, la Corte de Apelaciones que debe definir si suspende la orden de Preska para transferir las acciones de YPF. Y si tiene en cuenta el reclamo de los demandantes para que la Argentina no pueda apelar sin antes depositar una garantía.

El tribunal de segunda instancia debe elegir qué sala de ese tribunal definirá sobre la ejecución del fallo de Preska. Esa decisión puede darse en cualquier momento, aunque no tienen plazos para concretarlo.

Si bien no hay una fecha precisa, se estima que en cuestión de días puede haber una resolución sobre la suspensión de la entrega de acciones. Y hay dos escenarios posibles:

Que el tribunal acepte el pedido argentino, la sentencia de Preska quedará suspendida hasta que se resuelva la apelación de fondo. Esto implicaría un respiro para el país, que enfrenta una deuda de US$ 16.100 millones, más intereses. Habrá que ver si la Corte permite apelar al país con o sin depositar una garantía.
En sentido opuesto, si la cámara rechaza la solicitud, la orden de Preska se reactivará, exponiendo a la Argentina a un riesgo de desacato que puede derivar en consecuencias en los mercados internacionales.
En paralelo, la Corte de Apelaciones deberá decidir sobre la sentencia de fondo y si el pago debe realizarse con las acciones de YPF, donde el Estado posee el 51%.

El contexto del juicio por la expropiación de YPF

El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012.

Ese fallo benefició a Burford y Eton Park, que compraron por 15 millones de euros los derechos para litigar que tenía el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, dueña del 25% de YPF al momento de la expropiación.

El reclamo se basó en que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía. Finalmente, le pagó con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.

Desde el fallo de fines de 2023, la Argentina apeló la sentencia. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión.
El gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, se presentó como amicus curiae en apoyo de la estrategia argentina para evitar entregar las acciones de la compañía.