La norma que impedía ser candidato a condenados en segunda instancia por delitos contra la administración pública no alcanzó la mayoría absoluta. Fue respaldada por 36 senadores, uno menos de los necesarios.
08 de mayo de 2025
Priscila Corregidor
En una sesión de más de 10 horas, el Senado de la Nación rechazó el proyecto de ley conocido como “Ficha Limpia”, que buscaba impedir la postulación de candidatos con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública. La iniciativa obtuvo 36 votos afirmativos, pero requería de una mayoría absoluta de 37 para ser aprobada.
El resultado final fue definido por el rechazo de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, ambos pertenecientes al Frente Renovador de la Concordia, espacio que en esta votación se alineó con el bloque kirchnerista. El revés legislativo significa, en términos prácticos, que la norma no podrá volver a tratarse este año y deberá volver a comisión o ser presentada nuevamente desde cero.
El proyecto
La iniciativa proponía declarar la inhabilidad para postularse a cargos electivos y ocupar funciones públicas a toda persona con una condena firme en segunda instancia por delitos comprendidos en el Título XI del Código Penal, referido a delitos contra la administración pública. Entre ellos se incluyen el fraude al Estado, cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, y encubrimiento, entre otros.
La normativa había sido modificada en su paso por la Cámara de Diputados, donde se eliminó la llamada "cláusula Petri", estableciendo que las condenas debían estar confirmadas por un tribunal superior antes de la fecha de cierre de los padrones (180 días antes de una elección general), para que el impedimento tuviera validez.
El proyecto también preveía la creación de un Registro Nacional de Ficha Limpia, a cargo de la Cámara Nacional Electoral, en el que se inscribirían las personas alcanzadas por estas sentencias. Asimismo, la prohibición se extendía más allá de los cargos electivos, abarcando la designación en cargos ejecutivos y funciones de representación en organismos estatales o con participación estatal.
Las voces
Durante el debate, la radical Mariana Juri (Mendoza) defendió el proyecto como “una respuesta a un reclamo ético de la ciudadanía”, y recordó que su provincia cuenta con una ley similar que incluye delitos más amplios. “Hemos fallado como sociedad para que esta ley sea necesaria. No debería hacer falta decir que una persona condenada no puede ser candidata”, expresó.
Por su parte, la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) subrayó que el proyecto no representaba una proscripción política, como argumentó el kirchnerismo, sino que apuntaba a preservar la legalidad y la idoneidad de los candidatos. “Se está respetando el principio del doble conforme, conforme lo establece la Corte Suprema y la jurisprudencia internacional”, afirmó.
En la vereda opuesta, la senadora Florencia López (Frente de Todos-La Rioja) argumentó que el proyecto vulneraba el principio de inocencia, ya que la exclusión se basaba en una condena no firme. “Esta ley establece una excepción al debido proceso. Es una herramienta para la proscripción política y judicial”, dijo.
El misionero Carlos Arce justificó su rechazo en que el proyecto “no garantiza el debido proceso” y podría “convertirse en una herramienta arbitraria”, mientras que su coterránea Rojas Decut no intervino durante el debate, pero acompañó su postura.
Desde La Libertad Avanza, el jefe de bloque Ezequiel Atauche (Jujuy) defendió la propuesta como “un refuerzo al principio de idoneidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional”. Agregó que “un corrupto no puede ser considerado idóneo para ejercer un cargo público”, y cuestionó el uso de fueros como mecanismo de protección ante delitos.
La frustración por no alcanzar la aprobación se expresó en distintos bloques. El senador José María Carambia (Santa Cruz) remarcó que “es una locura que se exijan antecedentes para un trabajo pero no para ser candidato” y lamentó que “la Justicia demore más de una década en confirmar una condena”.
Desde el oficialismo, también se manifestaron decepcionados. “Esto no es de ningún partido político, sino una demanda de la sociedad civil”, señaló la larretista Guadalupe Tagliaferri (CABA), quien destacó el trabajo de las organizaciones sociales que impulsaron el proyecto desde 2018.
Según datos del Observatorio de la Ficha Limpia, existen leyes similares en 10 provincias argentinas, incluyendo Neuquén y Río Negro, además de su implementación en países como Brasil, Chile y Perú. En el caso argentino, el proceso legislativo comenzó hace más de ocho años y atravesó diferentes gestiones.
Con esta votación, el Senado dejó sin efecto la posibilidad de avanzar con un marco nacional de Ficha Limpia, al menos en el corto plazo. Desde distintos sectores de la oposición adelantaron que insistirán con nuevos proyectos similares.
La situación de Cristina Fernández de Kirchner
El rechazo también deja abierta la posibilidad de futuras candidaturas de dirigentes con causas judiciales en trámite, como el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien posee una condena en segunda instancia en la causa Vialidad, pero aún no firme por parte de la Corte Suprema. De aprobarse la ley, no hubiera podido ser candidata para cargos nacionales.
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