El Tribunal de Juicio de Salta impuso penas condicionales e inhabilitaciones por prácticas que vulneraron los derechos de niños y adolescentes.
Judicial17 de abril de 2025
Priscila Corregidor
Seis exempleadas del hogar “Casita Feliz”, ubicado en la ciudad de Salta, fueron condenadas por incumplimiento de los deberes de funcionarias públicas. La sentencia fue dictada este miércoles por el juez Leonardo Feans, de la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en el marco de una causa que investigó posibles situaciones de maltrato y negligencia hacia menores alojados en el dispositivo estatal de protección.
La principal condenada fue Marta Alicia Guillén, quien se desempeñaba como coordinadora del hogar, y deberá cumplir 2 años de prisión condicional, además de una inhabilitación especial por 4 años para ejercer cargos públicos. También se le impuso el cumplimiento de reglas de conducta durante cuatro años, entre ellas, realizar una capacitación específica en derechos de la infancia y la adolescencia.
En la misma causa fueron condenadas a 1 año y 6 meses de prisión condicional y 3 años de inhabilitación especial las operadoras Marcela Ivana Cáceres, Marcela Estela Tacacho, Jorgelina Tomasa Alfaro, Jesica Tamara Pallares y Tania Virginia Bisceglia. Todas deberán cumplir reglas de conducta durante tres años y realizar la misma capacitación obligatoria sobre derechos de niñas, niños y adolescentes.
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio. Durante los alegatos, sostuvo que las acusadas desplegaron prácticas que atentaron contra el bienestar superior de los niños alojados en el hogar, y pidió penas similares para las nueve imputadas.
Sin embargo, el tribunal resolvió absolver por el beneficio de la duda a María Emilia Elías, Camila de los Ángeles Guzmán y Claudia Alejandra Mendieta, quienes también se desempeñaban en el mismo espacio.
La investigación penal se había iniciado a partir de denuncias que señalaban un manejo negligente del hogar y posibles situaciones de maltrato institucional, lo que motivó la intervención judicial y una revisión del funcionamiento del dispositivo.
Cuando el caso salió a la luz en 2023, los testimonios recolectados por la Fiscalía revelaron un patrón de maltrato sistemático dentro del hogar “Casita Feliz”. Según la acusación del fiscal Ramiro Ramos Ossorio, una de las metodologías disciplinarias reiteradas consistía en introducir violentamente a los niños y niñas —con la ropa puesta— en duchas con agua fría.
“Esta conducta compromete la seguridad del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso para con los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, y que importa un quebranto a las pautas previstas”, sostuvo en ese momento. Aunque no se constataron lesiones físicas, los informes psicológicos elaborados a partir de entrevistas con profesionales de la Secretaría de Primera Infancia y del CIF evidenciaron indicadores de violencia psicológica y moral.
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