
El violento hecho que acabó con la vida de la mascota ocurrió en la mañana de hoy, domingo, en circunstancias poco claras en los límites de la finca y del barrio.
El exjefe comunal de Salvador Mazza fue encontrado en uno de los lugares allanados, cuando fue desarticulada la organización y fueron rescatadas más de 30 mujeres.
07 de abril de 2025El juicio oral y público al exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, y a otras tres personas por trata con fines de explotación sexual a través de una red de “prostitución VIP”, ingresó este viernes en la recta final con la ronda de alegatos, en el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta.
Junto a Villalba, están acusados Nancy Viviana Gómez, Mercedes Baigorria y Roberto Quintian Ramírez. Los tres son señalados como responsables de administrar locales en los que fueron rescatadas varias de las víctimas durante un operativo realizado en agosto de 2013. La organización proporcionaba a los clientes viviendas particulares y habitaciones en hoteles como parte del servicio.
El exjefe comunal Carlos Villalba fue encontrado en uno de los lugares allanados, llamado “Terra Nostra”, el 15 de agosto de ese año, cuando fue desarticulada la organización y fueron rescatadas más de 30 mujeres.
El Tribunal está presidido por la jueza Gabriela Elisa Catalano e integrado por Domingo José Batule y María Alejandra Cataldi.
Durante su alegato, la auxiliar fiscal Soledad Cabezas, solicitó que Baigorria, Ramírez y Gómez sean condenados como coautores penalmente responsables del delito de promoción y facilitación de la prostitución ajena, agravada por haber mediado abuso de una situación de vulnerabilidad, en concurso ideal con explotación económica, también agravada. Citó los artículos 125 bis, 126 inciso 1° y 127, según la Ley 26.842. Se trata de 8 hechos en concurso real para Baigorria y Ramírez, y de 13 hechos para Gómez, según el artículo 55 del Código Penal. La fiscalía pidió 8 años de prisión y una multa de 90 mil pesos, ya que se trata de un delito de carácter económico. Cabezas pidió además que dicha multa sea destinada al fondo fiduciario público de asistencia a las víctimas (Ley 26.364).
En cuanto a Carlos Villalba, la fiscalía solicitó la absolución, al no haberse podido probar su participación en los hechos por los cuales fue imputado.
Durante el juicio, los imputados negaron su responsabilidad. Baigorria declaró que el bar “El Quijote” pertenecía a un hombre de apellido Cardozo, que allí solo se hacían tragos, que el cliente invitaba y las mujeres aceptaban o no, que manejaban sus horarios y que no se les exigía nada. Afirmó que los registros encontrados eran de bailes y montos a cobrar.
Ramírez dijo ser ingeniero industrial, y que en 2005, junto a Baigorria, con quien se casó, decidieron abrir “El Quijote” con dinero de su pensión. El bar funcionó primero en calle Ituzaingó 605 y luego en avenida Tavella. Declaró que Baigorria llevaba los registros de bailes y propinas.
Gómez también negó los hechos imputados y haber sido encargada del local “Terra Nostra”, al que definió como una “confitería con espectáculo”.
La auxiliar fiscal destacó la pluralidad de víctimas y el tiempo prolongado en que se produjeron los hechos. Señaló como agravantes los vínculos de amistad, trato y frecuencia con las víctimas, y el hecho de que ninguno de los imputados asumió responsabilidad. “No podemos invisibilizar mujeres en este delito. Hablamos de una diversidad de secuelas psicológicas y sociales”, afirmó.
Otro agravante fue la presencia de dos personas regenteando los locales. Según la acusación, las actividades ilícitas se desarrollaron desde al menos 2007.
Desde la querella, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) insistió con la imputación de Villalba y pidió cinco años de prisión.
El juicio se inició el 21 de febrero pasado y el Tribunal ya había declarado rebeldes a Marisel Llanes, considerada líder de la organización y expareja de Villalba, y a Francisco Marcelo Russo, administrador de un local. Ambos no se presentaron al debate y no pudieron ser localizados por la policía, por lo que se ordenó su captura.
“Si Llanes hubiera estado en el juicio, le hubiese cabido un pedido de pena alto”, sostuvieron fuentes ligadas a la investigación
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