Priscila Corregidor
El Gobierno presentará el rechazo al recurso de Cristina Kirchner para impedir la quita de la jubilación de privilegio y espera una escalada judicial. Según pudo saber, el documento ya está listo y se enviará este viernes para notificar a la expresidenta, que solicitó la restitución de la asignación especial de $21.000.000 netos mensuales.
El Ejecutivo basa su estrategia legal en argumentar que la confirmación de la condena por la causa Vialidad es una justificación de “mal desempeño” y de “vulneración del honor de la magistratura” conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional. Incluye además un apartado de jurisprudencia sobre resoluciones en casos similares.
Es por eso que buscan respaldarse en el artículo 29 de la ley 24.018, que establece que las asignaciones vitalicias “no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”.
En la Casa Rosada sostienen que la respuesta administrativa la trabajó el equipo legal del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y aseguran que “se pensó para presentar antes de que se termine la feria judicial”. Nación comenzó a preparar los argumentos legales para defender la medida a mediados de noviembre.
La Casa Rosada acusa a Cristina Kirchner de “indignidad” y de atentar contra el sistema democrático por “incurrir en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”. En el oficialismo citan como ejemplo la baja de los beneficios otorgados a expresidentes de facto entre 1976 y 1983.
En Balcarce 50 aseguran que las asignaciones especiales son “jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”. Sostienen además que siguen analizando quitar otras jubilaciones de privilegio, pero descartan derogar la de Carlos Menem, que cobra su viuda, Zulema Yoma.
La presentación de la exvicepresidenta la hizo el abogado Facundo Fernández Pastor. El documento plantea que la medida “viola derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional” y que no fue notificada en tiempo y forma. Solicita también que se le devuelvan las sumas retenidas con intereses y costas.
En el Gobierno reconocen que la suspensión de los haberes mensuales de la exmandataria fue una iniciativa “discursiva” y esperan que la disputa llegue a la Justicia Federal de la Seguridad Social. En Nación expresan que la medida no contó con un dictamen interno de la Procuración General del Tesoro y más de un funcionario manifiesta que “es probable que la medida no sea defendible en el largo plazo en tribunales”.
