Después de tres meses de la denuncia que presentó el procurador de la Provincia, Pedro García Castiella, contra el juez de Orán Claudio Parisi, hoy comienza el jury sobre el polémico magistrado, quien llega a este proceso de destitución preso y suspendido en su cargo, imputado por pedir coimas.
Las citaciones para que conocidos de Héctor Romero se presentaran a declarar en la causa que investiga el homicidio de María Cash generaron un cúmulo de conversaciones telefónicas que se convirtieron en parte de las pruebas que llevaron a la detención del camionero. Las escuchas, además, pusieron la lupa sobre el entorno del acusado y dispararon un interrogante en la investigación que lidera el fiscal general Eduardo Villalba: ¿existieron maniobras que buscaban proteger a Romero?
En el último tiempo, las líneas telefónicas utilizadas por el detenido y personas cercanas a él estaban intervenidas por orden judicial. En varias conversaciones, los interlocutores hicieron referencia a la reapertura de la causa y a las citaciones que habían comenzado a llegar.
El 7 de noviembre pasado, David Romero, hermano del acusado, recibió una llamada de Federico Segura Giménez, hijo de Miguel Segura, patrón de Héctor Romero y dueño de la cadena de supermercados “Miguelito”. Durante la conversación, Federico le preguntó sobre la situación del camionero detenido. “No sé cómo zafará. Ahora lo único que queda es apechugar, porque ya no queda otra. El quilombo está hecho hace 13 años”, respondió David. Y agregó sobre el final de la charla: “No podés zafar del quilombo. Ya veremos qué sale. Ya no hay marcha atrás”.
Dos días antes, el 5 de noviembre, Miguel Segura llamó a Héctor Romero. Le contó que había sido convocado a declarar y le comentó que agentes de la brigada habían estado entregando citaciones en la zona. “A mí hasta ahora no (me citaron)”, le dijo el imputado, que esa misma tarde estuvo en la casa de Segura, donde reparó una cinta mecánica dañada.
El caso también fue motivo de diálogo en un llamado registrado el 11 de noviembre entre Miguel Segura y el encargado de la flota de camiones de los supermercados “Miguelito”.
“Tema de levantar gente, no pueden levantar a nadie”, dijo el encargado en un momento de la conversación, ante lo cual Segura expresó su molestia por las consecuencias de las presuntas acciones de Romero. “Ah no, eso sí que no… El quilombo que tengo yo hoy en día por culpa de un chofer pelotudo que ha hecho una cagada. La verdad que se ha mandado un moco de la mierda y hoy me tienen a mí como bola sin manija”, manifestó.
En otra grabación, se oye de fondo un diálogo entre Segura y David Romero, en el que el patrón le menciona que una persona apodada “Negro” había aconsejado no hablar por teléfono sobre temas relacionados con el caso. Según la acusación, la persona a la que hacían referencia era Daniel Segura Giménez, hijo de Miguel y actual diputado provincial. La fiscalía remarcó que las comunicaciones entre los involucrados disminuyeron notablemente tras estas sugerencias, lo que reforzó sus sospechas de que intentaban evitar el registro de información comprometedora.
David Romero declaró como testigo a mediados de noviembre y lo que dijo complicó a su hermano. “Si se mandó una cagada, que se haga cargo”, fue la frase que lanzó ante la jueza Federal de Garantías N°2 Mariela Giménez y que fue interpretada por los investigadores como la ruptura de un “pacto de silencio” en torno a la desaparición de la diseñadora.
Para Villalba, los diálogos registrados en la causa muestran comportamientos típicos de alguien que intenta ocultar un crimen, especialmente en frases como “si se mandó la cagada” y “ya no hay marcha atrás”.
“Llama la atención la protección del círculo íntimo hacia Romero y, sobre todo, la de Miguel Segura, su patrón, que es mayor incluso a la de su hermano David Romero y que no tendría ningún motivo para protegerlo, a no ser porque hubiese alguna participación”, afirmó Villalba en su dictamen, que fundamentó la prisión preventiva del camionero.
En este marco, no se descartan que en los próximos días haya nuevas imputaciones por los delitos de falso testimonio o encubrimiento.
El fiscal destacó que esta causa estuvo plagada de pistas falsas que desviaron la atención de los investigadores. Sin embargo, las nuevas pruebas permitieron centrar las sospechas en Romero, quien habría recogido a la joven mientras hacía dedo y, según la hipótesis de la fiscalía, intentó abordarla sexualmente antes de asesinarla y hacer desaparecer el cuerpo.
Hace dos semanas, el procurador Pedro Oscar García Castiella había presentado una ampliación de la denuncia efectuada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta.
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