El juez federal Casanello y el fiscal Pollicita esperan los resultados del análisis de las pruebas para avanzar con la investigación. Las defensas de los imputados preparan su primera jugada: quieren la nulidad de la causa
Judicial15 de mayo de 2024
AV Prensa
El juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición de bienes de las personas y las cooperativas que fueron allanadas el lunes pasado en el marco de causa que investiga si referentes de movimientos piqueteros extorsionaban y amenazaban a beneficiarios de planes sociales. Pero además el magistrado pidió al INAES (Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social), que es la autoridad de aplicación de las Leyes de Cooperativas y Mutuales, que audite el funcionamiento de las cooperativas involucradas. La expectativa, sin embargo, es esperar al análisis de toda la documentación y pruebas que se lograron obtener en los procedimientos: los celulares serán claves.
No obstante, las defensas de los implicados ya comenzaron a moverse. Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero que no está involucrado en el expediente, dijo a este medio que los abogados recién pudieron tener acceso a la causa ayer. Apuntan contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y cuestionan que habló de los procedimientos cuando aún no habían finalizado.
La ministra por su parte pidió ayer ser querellante en la investigación. Sin embargo, el juez Casanello evalúa si la acepta, sobre todo porque la policía es un auxiliar de la justicia y no se explicó cuál sería el rol de víctima de esa repartición pública, señalaron las fuentes consultadas.
La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
Pero los acusados cuestionarán esa prueba. ”¿Y si son testigos armados para correr a los compañeros de los barrios que dan contención frente a los narcos?”, dijo Belliboni a este medio. El juez resolvió volver a llamar a declarar a esos testigos, bajo identidad reservada, para poder escucharlos.
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