Cinco años sin Fernando Báez Sosa: el crimen de los rugbiers que sacudió al país entero
El 18 de enero de 2020, el joven estudiante de Derecho fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers que hoy pasa sus días en el penal de Melchor Romero.
Pasaron 13 años del crimen de Cintia Fernández y todavía su madre, Ana Fernández, que ha convertido este caso en un emblema de la lucha contra la impunidad, sigue esperando y reclamando justicia. Aunque ya fue condenado Mario Condorí, a 23 años de prisión efectiva por el homicidio, aún debe ser juzgada la policía Gimena Antonia Núñez, acusada de encubrimiento y falso testimonio.
Según anunciaron desde el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, esta policía comenzará a ser juzgada hoy 29 de abril, en un debate que se llevará a cabo en la Sala IV, con tribunal colegiado, presidido por la jueza María Cecilia Flores Toranzos e integrado por Gabriela Romero Nayar y Marcelo Rubio.
Por el Ministerio Público intervendrá el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio. La defensa de Núñez estará a cargo del abogado Juan Casabella Dávalos. Mientras que Pablo Del Pino actuará como querellante en representación de la madre de la víctima.
Núñez era la jefa de uno de los grupos investigativos que conformaban la Unidad de Seguridad Personal en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia, con competencia en la investigación de homicidios, e intervino el día del hallazgo del cuerpo de Cintia Fernández, en mayo de 2011.
Debido al rol que ocupaba en la policía, Núñez fue citada el 15 de mayo de 2019 como testigo en el juicio por el crimen y terminó investigada y acusada. En función de su declaración bajo juramento de ley, para la fiscalía quedó demostrado que direccionó la investigación del asesinato.
La fiscalía sostuvo que Núñez incurrió en omisiones en el informe que elaboró, incumplió diligencias investigativas básicas, realizó anotaciones con la intención de vincular a otra persona en el hecho, también intentó desprestigiar a la víctima y a su madre, así como desdibujar la responsabilidad del expolicía Mario Federico Condorí, quien actualmente está condenado.
En el requerimiento a juicio el fiscal Ramos Ossorio citó testimonios vertidos en el primer juicio por la madre de la víctima, efectivos policiales y otras personas y consideró evidente que la oficial de la Policía "afectó directamente la administración de justicia al impedir y perturbar tanto la individualización del verdadero responsable del homicidio, como la reunión de elementos de convicción tendientes a reconstruir el hecho delictivo".
"Su accionar tanto comisivo como omisivo, se dirigió a facilitar la impunidad de Mario Federico Condorí, a quien conocía y con quien había trabajado en forma previa", sostiene la acusación fiscal.
Otro aspecto en el que hace énfasis el fiscal, es en la decisión de involucrar y equiparar a Raúl Puca a la condición de sospecha inicial que se erigía contra Condorí. Este hombre fue detenido y sufrió la alteración deliberada del calzado que lucía en la fecha, al que le fue añadido intencionalmente contenido orgánico compatible con ADN de la víctima. Las zapatillas secuestradas estaban bajo la órbita de custodia de la oficial Núñez.
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