Lo determinó una investigación del fiscal Marijuán. El Estado derivaba más de $84 mil millones a beneficiarios que no debían recibir esa ayuda. A nivel país son más de nueve mil.
Salta 12 de marzo de 2024
FR prensa 4
Más de nueve mil empleados públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran -algunos aún lo son- beneficiarios del Potenciar Trabajo en un claro hecho de incompatibilidad.
En Salta identificaron a 434 empleados públicos que cobraban el Potenciar Trabajo.
La cifra exacta es 9.413. Así surge de la investigación preliminar del fiscal federal Guillermo Marijuán. De esa totalidad el Ministerio de Capital Humano ya dio de baja a 4.588 de esas personas y ahora estudia los últimos entrecruzamientos de datos que, en base a la orden del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad, se realizó mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Para los investigadores y el propio gobierno de La Libertad Avanza, este tipo de incompatibilidades es un “claro ejemplo de la utilización política que se hacía del programa”.
La causa está caratulada como “defraudación contra la Administración Pública”. Según los cálculos realizados por la justicia, el desfalco al Estado Nacional era de más de siete mil millones de pesos al mes. Anualizada la cifra ronda los 84.000 millones de pesos sin contar los bonos extras que recibían y aguinaldos.
Según Infobae, Marijuan ya había solicitado a los fiscales y magistrados de cada distrito que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
El fiscal comenzó su investigación en noviembre pasado y acaba de finalizar. Como era de esperar la provincia de Buenos Aires es la que registra un mayor número de empleados públicos que, a su vez, recibían el beneficio del estado nacional.
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Roberto Catalino Bejarano y sus hijos Santiago Ismael y Roberto Davida están imputados por el asesinato cometido en un contexto de narcocriminalidad.
Los Pumas tuvieron una gran primera jornada y buscan dar un nuevo paso hacia el podio. Además, Damián Jajarabilla hace su presentación en tiro con arco.
En el Gobierno suena fuerte la posibilidad de que se reforme el espacio Eva Perón, pero hay diferencias internas sobre el cambio de nombre. Los jefes provinciales no recibieron todavía una invitación formal y ponen en duda la conformación del Consejo de Mayo.
Son 12 kilómetros casi intransitables entre Metán y Yatasto. La inversión que haría la Provincia rondaría el millón de dólares.
A partir de este viernes 26 de julio, personal de tránsito efectuará cortes o desvíos necesarios para realizar de forma segura y organizada las visitas de las instituciones escolares a Catedral Basílica.
La cartera de Sandra Pettovello deberá informar el plan de distribución a centros comunitarios y merenderos populares.
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