Priscila Corregidor
Ambos están acusados por concusión agravada, malversación de caudales y peculado y el 30 de noviembre comenzará el juicio en su contra.
La irregularidad se conoció hace dos años en otro juicio, no menos escandaloso, cuando fueron condenados dos exgerentes del PAMI en Salta por haber recibido de manera indebida la ayuda económica nacional del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) durante el primer año de la pandemia del COVID, en 2020.
En la oportunidad, los acusados habían contado que estaban obligados a realizar "aportes" a La Cámpora. La organización partidaria oficialista no sólo había cooptado las administraciones del PAMI y la ANSES en Salta sino que también hizo lo propio en todas las gerencias de estas instituciones del país, como parte del acuerdo de la coalición que llevó a Alberto Fernández a la presidencia.
Tras esas confesiones, el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, inició una investigación que abrió una caja de Pandora. Descubrió una serie de evidencias, entre ellas audios y capturas de mensajes telefónicos, en los cuales se menciona el pago de aportes denunciado.
Además, en el peritaje del teléfono celular de una de las exgerentes juzgada por el IFE comprobó que la exigencia del pago del 20% provenían de números telefónicos pertenecientes a Vera y Molina.
Toranzos relevó, además, que en la cuenta bancaria de Vera detectó un total de 44 transferencias de dinero de otros funcionarios del PAMI por un monto de 436.964 pesos (esto entre 2020 y parte del 2021).
Además de los pagos mediante transferencia, la investigación fiscal indicó que los acusados utilizaron el sistema interno de "bolsín" del PAMI, lo que surgió también de los audios y capturas de mensajes. En otros casos, en tanto, los gerentes eran citados a la sede para efectivizar esos aportes espurios.
Más acusados en el escándalo del PAMI
En el juicio por corrupción que iniciará dentro de dos semanas y media, también están incluidos por el mismo delito que se les imputa a Molina y Vera, y en calidad de partícipe necesarios, a otros dos funcionarios del PAMI y a un dirigente político local. Se trata de Gustavo Emilio Gerónimo, coordinador del Modelo de Atención Personalizada; Diego Jesús Albornoz, coordinador Ejecutivo; y Fernando Ruarte, quien era concejal capitalino al momento de los hechos.
Los agentes del Pami fueron incluidos en la acusación tras el estudio de las cuentas bancarias hacia donde iban las transferencias. Uno de ellos, Albornoz, pasó todo un año con licencia psiquiátrica, según pudo averiguar este diario, y ahora fue trasladado a la agencia del PAMI en Cerrillos, pero cómo coordinador de Prestaciones Sociales.
Toranzos llevó adelante también la acusación contra Vera y Molina por la entrega, a través del PAMI, de electrodomésticos donados por la Dirección General de Aduanas (DGA), que estaban destinados a 1.500 afiliados en situación de vulnerabilidad, pero fueron distribuidos en una
El fiscal confirmó, en base a las evidencias reunidas, que los bienes fueron distribuidos en actos de campaña y en favor de Ruarte, en ese entonces, julio del 2021, candidato a concejal de la capital salteña por el Frente de Todos.
Sostuvo que la participación de Ruarte surge no sólo de lo difundido por algunos medios locales, sino también por un posteo efectuado por el mismo acusado en las redes sociales. Pero para mayor precisión, mencionó lo declarado por algunas de las personas que recibieron los electrodomésticos.
Al referirse al marco de entrega de esos bienes, los beneficiarios dijeron que, en ningún momento, se aludió al PAMI como promotor de los beneficios, sino que todo fue promovido por dirigentes de "La Cámpora", quienes pidieron a cambio su apoyo al Frente de Todos en los comicios electorales.
Las irregularidades en las oficinas del PAMI salteño arrancaron apenas asumió la directora Verónica Molina junto a su gabinete. La indignación empezó a crecer cuando empezaron los nombramientos en puestos jerárquicos del organismo de personas sin ningún tipo de experiencia en la función pública y se vieron manejos en la institución que más tienen que ver con los de una unidad básica política, que con los que debería tener un organismo que asiste a 115 mil jubilados y pensionados de la provincia.
