Las actuaciones del Ministerio Público Fiscal iniciaron a partir de la denuncia de Carlos Javier Argañaraz, realizada el 18 de junio de 2015. El denunciante sostuvo que el día anterior, su esposa, Marta Eugenia Braga, embarazada de treinta y ocho semanas y con los controles médicos realizados en forma normal, llegó al nosocomio de Gral. Güemes con contracciones y problemas de presión, pero por falta de anestesista, fue derivada a Salta, donde su bebé nació sin vida.

La madre de Lucas, nombre que le pusieron al bebe, hablo con Multivisión, recordó que en el Hospital de Güemes, al momento que llegó para dar a luz, no recibió atención del ginecólogo, y “me mandaron a Salta porque no había un anestesista”, en donde “el médico del Materno Infantil me dijo que el bebe había llegado sin vida”; “estuve 5 días en terapia intensiva y puedo decir que tuve una buena atención a comparación del hospital de Güemes”, expresó Marta. 

Los informes médicos y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales indicaron que la paciente sufrió el desprendimiento de placenta, lo que ocasionó que el bebé llegará sin vida y que hubo sufrimiento fetal, lo que se debió a que no se le practicó la cesárea de urgencia que la condición médica de la madre requería.

Posteriormente, su marido realizó la denuncia, que “tras marchas y reclamos, llegamos al primer juicio”, donde el 3 de junio de 2021, el Tribunal de la Sala I de Juicio del distrito Centro, integrado por los jueces Federico Armiñana Dohorman, Martín Pérez y Javier Aranibar, dio a conocer su veredicto, donde condenaron a Eduardo Elpidio Villagra, que era el anestesista de guardia, a un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por dos años, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Roberto Francisco Farías, quien era el ginecólogo de guardia el día de los hechos, fue absuelto en forma lisa y llana de los delitos de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En tanto, Alejandro Cortez Bellomo, jefe de guardia; Jorge Barni García, gerente del hospital, y Marcelo Quiroga, gerente de Atención a las Personas, fueron absueltos en forma lisa y llana del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En este marco, los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel González, presentaron recurso de casación contra la sentencia, al considerar que la sentencia causa un gravamen irreparable por presentar vicios esenciales en la reconstrucción de los hechos y en la selección y valoración de la prueba.

La Sala II del Tribunal de Impugnación, integrada por los jueces Guillermo Polliotto y Pablo David Arancibia, resolvió declarar la nulidad de la sentencia y ordenar que bajen los autos al Tribunal de Juicio que corresponda para la sustanciación de un nuevo juicio, al considerar los magistrados que quedó acreditado que el Tribunal de Juicio ha inobservado las reglas de la sana crítica racional y del recto entendimiento, incurriendo en vicios que repercutieron en la formación de la convicción y que producen la nulidad de la sentencia.

“Solo esperamos que el juicio se haga pronto ya que el primero tardó tiempo”, expresó con dolor Marte, madre de Lucas.