Durante una audiencia multipropósito celebrada ante la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, la fiscalía amplió la acusación penal en contra de la directora de la filial local del PAMI, Angelica Verónica Molina, y el asesor de la ANSeS Salta, Marcos Vera Ramírez, contra quienes ya se abrió una investigación penal por los delitos de concusión agravada, malversación de caudales y peculado.
Judicial08 de abril de 2022
En este caso, el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, sumó nuevos hechos a ambos funcionarios respecto al delito de peculado. En el caso de Vera, solicitó la acumulación de otra investigación seguida en su contra por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), formalizada el 22 de abril del año pasado.
Por otra parte, imputó por el mismo delito y en calidad de partícipe necesario a otros dos funcionarios del PAMI y a un dirigente político local. Se trata de Gustavo Emilio Gerónimo, coordinador del Modelo de Atención Personalizada; Diego Jesús Albornoz, coordinador Ejecutivo; y Fernando Andrés Ruarte, quien era concejal capitalino al momento de los hechos.
Al fundar esta ampliación de la acusación, el fiscal recordó detalles del inicio de la investigación, formalizada el 22 de octubre pasado. Explicó que el caso surgió a partir de la información aportada por un testigo que pidió reserva de su identidad.
En su relato, dijo que Vera y Molina obligaban a los jefes de distintas agencias del PAMI, en Salta a entregar el 20 por ciento de su sueldo, en supuesta compensación por sus designaciones, las cuales eran promovidas por la organización política “La Cámpora”, tal como surgió de las declaraciones brindadas en un juicio seguido por el cobro irregular del IFE a tres ex gerentes del PAMI. También hizo referencia a una serie de evidencias ya colectadas, entre ellas audios y capturas de mensajes telefónicos, en los cuales se menciona el pago de aportes denunciado, maniobra que fue ratificada por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Toranzos fundó esta convicción en nuevas evidencias, la exigencia del pago del 20% venia de los teléfonos celulares de Vera y Molina.
La fiscalía destacó que en la cuenta bancaria de un acusado se detectó un total de 44 transferencias de dinero de otros funcionarios del PAMI por un monto de 436.964 pesos, con la discriminación del caso, que permiten acreditar la maniobra de peculado.
Además de los pagos mediante transferencia, la fiscalía indicó que los acusados utilizaron el sistema interno de bolsín del PAMI, lo que surgió también de los audios y capturas de mensajes. En otros casos, en tanto, los gerentes eran citados a la sede para efectivizar esos aportes.
Electrodomésticos
Toranzos repasó también la acusación contra Vera y Molina por la entrega, a través del PAMI, de electrodomésticos donados por la Dirección General de Aduanas (DGA), que estaban destinados a 1.500 afiliados en situación de vulnerabilidad.
Sobre esta conducta, confirmó, en base a las evidencias reunidas, que los bienes fueron distribuidos en actos de campaña y en favor de Ruarte, en ese entonces, julio del 2021, candidato a concejal de la capital salteña por el Frente de Todos.
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