Triple crimen de Varela: La Justicia define el futuro de la causa y las familias temen que quede impune

El expediente por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, atraviesa una etapa procesal clave que podría terminar en la Corte Suprema.

La investigación, que hasta ahora tramitó en la Justicia ordinaria de La Matanza, pasará en los próximos días al fuero federal si el Juzgado de Morón acepta la competencia que le fue asignada por sorteo luego de una serie de declinaciones.

El conflicto de competencia se originó a partir del planteo formulado por el propio fiscal Arribas, quien solicitó el pase del expediente al fuero federal por entender que los homicidios se cometieron en el marco de una organización dedicada al narcotráfico y que existió una conexión directa con una estructura criminal con ramificaciones en Perú. Pero la definición judicial todavía no está tomada.

La causa fue girada al juez de Garantías, Fernando Pinos Guevara, que hizo lugar al pedido y remitió el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que definiera el tribunal interviniente. Por sorteo, el caso quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que ahora deberá resolver si acepta o no la competencia.

“La declinatoria todavía no fue respondida”, explicó el fiscal de Homicidios, Adrián Arribas, en diálogo con TN. En caso de negarse a intervenir, la fiscalía deberá presentar un planteo ante la Corte Suprema.

En la última resolución, el juez Pinos Guevara también dictó la prisión preventiva de los ocho imputados detenidos hasta el momento y avaló el traspaso del expediente “atento a la gravedad del caso y a la conexidad existente entre los delitos de homicidio y narcotráfico”.

La decisión alcanzó a Víctor Sotacuro Lázaro, Matías Agustín Ozorio, Celeste Magalí González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Iván Jeremías Giménez, Milagros Florencia Ibáñez, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, quienes continuarán alojados bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Según reconstruyó la fiscalía, las víctimas fueron llevadas a la denominada “casa del horror”, en Florencio Varela, por miembros de la banda, que transmitieron parte de las torturas a través de una videollamada a contactos del grupo en Perú y José C. Paz. En la escena se identificaron huellas, restos biológicos y elementos que reforzaron la hipótesis de un “crimen cometido por encargo” dentro de una estructura delictiva transnacional.

En el marco de la investigación, también fue detenido Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como “Señor J”, un presunto narco peruano acusado de haber sido el autor intelectual del crimen. Cubas Zavaleta se encuentra actualmente alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina, imputado además en una causa por narcotráfico.

En las últimas horas, fueron ampliadas las declaraciones indagatorias de algunos imputados. Víctor Sotacuro y su sobrina, Florencia Ibáñez, se presentaron ante la Fiscalía de Homicidios Complejos bajo un fuerte operativo policial, mientras que la esposa de Sotacuro, Mónica Débora Mujica, se negó a responder preguntas.

La investigación también sigue la pista de varios prófugos, entre ellos tres con alerta roja de Interpol, identificados como David Gustavo Morales Huamani, alias, “El loco David” o “El Tarta”, y Alex Roger Ydone Castillo, parte importante de la estructura narco.

Los familiares de las víctimas se niegan al cambio de fuero

Mientras la fiscalía insiste en que el caso debe investigarse bajo el régimen federal por tratarse de delitos de narcotráfico, la familia de Lara Gutiérrez manifestó su desacuerdo y pidió que la causa continúe en la Justicia ordinaria hasta que se agoten las detenciones pendientes.

“Sabemos que si pasa al fuero federal, los homicidios van a quedar en la nada”, advirtió Agostina Gutiérrez, hermana de la víctima, a través de un comunicado difundido en redes sociales. “Faltan tres prófugos y más gente por identificar que el fiscal Arribas tiene que detener. Queremos que la investigación siga en San Justo, donde se está buscando la verdad”, sostuvo.

En el mismo texto, la familia cuestionó que la eventual competencia federal podría centrar el eje de la investigación en el tráfico de estupefacientes y no en los homicidios: “¿Cómo puede ser que prevalezca la investigación del delito de narcotráfico sobre el bien jurídico de la vida? La vida que le arrebataron a Lara, Brenda y Morena”.

Mientras tanto, el expediente continúa en trámite de remisión. Si el Juzgado Federal N° 2 de Morón acepta la competencia, la causa quedará radicada formalmente en ese fuero y se abrirá una nueva etapa de instrucción.

La definición será determinante no solo para establecer qué magistrado llevará adelante las próximas medidas de prueba, sino también para fijar el alcance jurídico que tendrá uno de los casos más graves de los últimos años en la provincia de Buenos Aires.

Hasta entonces, todos los imputados permanecerán detenidos y la investigación seguirá su curso bajo la supervisión del fiscal Adrián Arribas, en coordinación con la Policía Bonaerense y la Federal.