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“No más privilegios injustificados”: Salta da el primer paso en el recorte de beneficios para extranjeros no residentes.
03 de junio de 2025El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, comunicó este lunes el inicio de un operativo para revisar y dar de baja los planes sociales que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega a ciudadanos extranjeros que no residen en la provincia. La medida fue anunciada a través de las redes oficiales del gobierno salteño y representa un gesto contundente en respaldo a la reforma migratoria que impulsa la administración del presidente Javier Milei.
“Buscamos defender los intereses de los argentinos”, afirmó Sáenz, al tiempo que remarcó que su gestión está trabajando en conjunto con el Gobierno nacional para avanzar en esta línea. “Insistimos en la necesidad de dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”, sostuvo.
El mensaje fue rápidamente replicado por el presidente Milei en sus redes sociales, reflejando el apoyo presidencial a la medida. También la ministra deSeguridad, Patricia Bullrich, manifestó su respaldo, en el marco de las reformas migratorias que buscan ordenar el ingreso, permanencia y acceso a servicios en territorio argentino. Asi mismo, la implementación de la medida se realizó de manera conjunta como consecuencia de la disposición que firmó la ministra deCapital Humano, Sandra Pettovello.
La provincia de Salta, que limita con Bolivia y Paraguay, cuenta con pasos fronterizos de alta circulación como Salvador Mazza y Aguas Blancas. Allí se registra un intenso flujo migratorio y comercial, lo cual ha despertado históricas preocupaciones sobre el uso de servicios públicos por parte de personas que no residen de forma permanente en el país. Sáenz recordó que este reclamo “viene desde que asumí como gobernador, por ser una provincia con pasos internacionales”.
En esa línea, celebró las reformas anunciadas por el Poder Ejecutivo Nacional y consideró que representan “un gran paso en defensa de los intereses de nuestro país y de los argentinos”. La decisión del gobernador salteño no es aislada: se suma a un paquete de medidas adoptadas por la Casa Rosada para fortalecer el control migratorio, entre las que se incluye la agilización de procesos de expulsión para personas con antecedentes penales y una revisión de las normativas de residencia.
Entre los puntos clave de la reforma migratoria se encuentra la exigencia de una declaración jurada por parte de los extranjeros que ingresan al país, en la cual deberán detallar los motivos de su visita y comprometerse a no desvirtuarlos. También se ha reforzado el control documental, exigiendo autenticidad y veracidad en los papeles presentados, y endurecido las sanciones para aquellos que ingresen en forma irregular o con documentación apócrifa.
En lo que respecta a la educación superior, se establece que las universidades públicas podrán fijar aranceles para estudiantes extranjeros sin residencia permanente, evitando así que el sistema educativo argentino sea utilizado sin ningún tipo de reciprocidad.
Asimismo, el gobierno nacional avanzó con la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa que busca atraer capitales a través de la concesión de la ciudadanía a quienes realicen inversiones significativas. Esta medida, que apunta a fomentar la llegada de divisas y la creación de empleo, representa una visión moderna y estratégica de inserción internacional.
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El mandatario salteño se refirió así al reclamo permanente de la provincia por esta ruta, obra que Nación reanudó recientemente por el compromiso adquirido. “Avanza a paso lento, pero me prometieron que se lo harán con mayor fuerza y como corresponde", dijo.
Seguridad Vial, Vialidad Provincial y Tránsito del municipio Capital realizan acciones conjuntas que incluyen mayor presencia de efectivos, cartelería de prevención y la instalación de cámaras de control de velocidad. “110 k/h la máxima y 50 k/h la mínima permitida”, detallaron
De definirse la medida, sería en el marco de un recorte de la inversión dentro de los medios públicos, que buscan reorganizar su estructura interna.
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