El Ministerio de Seguridad de la Nación presentará el próximo lunes una denuncia contra Karina Andrade, la jueza que tuvo a cargo la situación legal de las personas detenidas durante la marcha en defensa de los jubilados del último miércoles y que decidió liberar a todas las personas horas después, durante la madrugada del jueves.
A través de Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, la cartera que conduce Patricia Bullrich la acusará por sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato, un delito que se comete cuando un juez, funcionario o abogado dicta resoluciones contrarias a la ley.
Eso, al menos, es lo que entiende el Gobierno que hizo la magistrada a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según confirmaron fuentes de Seguridad, el Gobierno considera que Andrade actuó en base a sus opiniones y no siguiendo la ley cuando decidió mandar a sus casas a los 114 detenidos durante la marcha en defensa de los jubilados frente al Congreso.
“No es que nos estamos quejando de que no nos gusta lo que resolvió. Sino que el modo en que lo resolvió violó la ley”, explicaron. El ministerio de Seguridad había anticipado la movida el viernes, cuando presentó una denuncia contra supuestos barrabravas por “sedición” y acusó a dos intendentes del conurbano, Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), de haber contribuido en la organización.
Andrade habló en las últimas horas en diversos medios y explicó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional.
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