El Ministerio de Seguridad de la Nación presentará el próximo lunes una denuncia contra Karina Andrade, la jueza que tuvo a cargo la situación legal de las personas detenidas durante la marcha en defensa de los jubilados del último miércoles y que decidió liberar a todas las personas horas después, durante la madrugada del jueves.
A través de Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, la cartera que conduce Patricia Bullrich la acusará por sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato, un delito que se comete cuando un juez, funcionario o abogado dicta resoluciones contrarias a la ley.
Eso, al menos, es lo que entiende el Gobierno que hizo la magistrada a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según confirmaron fuentes de Seguridad, el Gobierno considera que Andrade actuó en base a sus opiniones y no siguiendo la ley cuando decidió mandar a sus casas a los 114 detenidos durante la marcha en defensa de los jubilados frente al Congreso.
“No es que nos estamos quejando de que no nos gusta lo que resolvió. Sino que el modo en que lo resolvió violó la ley”, explicaron. El ministerio de Seguridad había anticipado la movida el viernes, cuando presentó una denuncia contra supuestos barrabravas por “sedición” y acusó a dos intendentes del conurbano, Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), de haber contribuido en la organización.
Andrade habló en las últimas horas en diversos medios y explicó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional.
La psiquiatra le sugirió al médico de cabecera del Diez qué anotar en la historia clínica para deslindar responsabilidades por la internación domiciliaria.
La fiscalía y defensa del imputado plantearon a la jueza un acuerdo para que se imponga la pena de tres años de prisión en suspenso.
Peritarán también la tablet del ex presidente. Es para obtener las conversaciones con Fabiola Yañez, su ex pareja. Lo ordenó el juez Ercolini en la causa por violencia de género.
El caso, calificado como "histórico" por los fiscales, incluyó 603 archivos con material de abuso sexual infantil y zoofilia. Su hermano fue condenado a 12 años.
El Tribunal de Juicio de Salta impuso penas condicionales e inhabilitaciones por prácticas que vulneraron los derechos de niños y adolescentes.
La Cámara Federal rechazó la apelación del expresidente acusado de amenazas, lesiones leves y graves calificadas contra la ex primera dama.
La Ordenanza Nº 16.377 establece requisitos para conductores, vehículos y empresas, y garantiza la interoperabilidad con taxis y remises.
Usuarios del servicio de transporte público de la empresa Saeta expresaron su malestar debido a una serie de inconvenientes que afectan la frecuencia y el confort de los viajes en diferentes líneas de colectivos.
Veintiuna entidades médicas se unieron para visibilizar el deterioro del sistema sanitario argentino y su impacto directo en los pacientes.
El Gobierno provincial confirmó el cronograma de pagos correspondiente a los sueldos del mes en curso para los empleados públicos.
Se trata del segundo deceso en la provincia de Santa Fe causado por la enfermedad.
El Senado de la Provincia aprobó en definitiva la adhesión a la ley nacional que crea el Registro de Datos Genéticos vinculados a delitos de índole sexual. Permitirá el trabajo coordinado entre Salta y el fuero federal.
El Tribunal Electoral de Salta habilitó el simulador oficial de la Boleta Única Electrónica (BUE) para las elecciones legislativas del 11 de mayo. Permite practicar el voto digital para senadores, diputados, concejales y convencionales municipales.
El recluso habría sido asesinado por su compañero de celda. Martín "Indio" Flores Ruiz habría sido estrangulado y posteriormente apuñalado.
Vecinos del B° Juan Pablo II vivieron momentos de tensión en la madrugada del viernes, ya que un vehículo terminó chocando contra un bache en calle Macapillo.
Se espera que a las 18.00 el acceso a la fila finalice, para mantener la hora de cierre y permitir que los que están en la cola puedan acceder a la Basílica.
