Priscila Corregidor
El Gobierno prepara una reforma del Código Civil y Comercial que enviaría al Congreso durante las sesiones ordinarias. El Ejecutivo trabaja en modificaciones en el articulado del libro tercero para impulsar una mayor desregulación en el marco jurídico comercial.
La Casa Rosada quiere reducir la regulación en los contratos entre privados y busca reforzar la figura de la propiedad privada. Se trata de cambios en las normas que conciben los títulos II y IV del libro tercero, que contemplan las contrataciones en general y en particular.
Apunta además a fomentar la mediación y el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto entre partes para evitar judicializaciones. “La base de la reforma es que los privados puedan acordar lo que quieran sin la intermediación del Estado”, expresan en Nación.
En Balcarce 50 también quieren reducir los trámites en procesos de sucesiones y divorcios. Las modificaciones las está trabajando el equipo de abogados de la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
El Gobierno ya viene trabajando en modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) desde mediados del 2024 para cambiar las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores e incentivar la formalidad. Es parte de lo que firmó el presidente en el Pacto de Mayo.
El Ejecutivo asegura que impulsará una desregulación del marco jurídico del trabajo antes de avanzar con una reforma previsional. La iniciativa incluye la posibilidad de optar por un sistema jubilatorio privado, como las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). “Si no tenemos un nuevo universo de aportantes, no tiene sentido que reestructuremos el sistema”, expresan en Nación.
La Casa Rosada prepara también una reforma del Código Penal, que planea enviar al Congreso en el primer cuatrimestre de 2025. Proponen elevar las penas y extender la cadena perpetua. “Sin un código punitivo, cualquiera roba y sabe que no tiene una consecuencia real”, manifiestan en el oficialismo.
En Balcarce 50 reconocen que buscan implementar cambios en el sistema penitenciario, de forma que se amplíe a la participación privada. Quieren también modificar la figura de femicidio, que introdujo la Ley 26.791. El encargado de trabajar los detalles del proyecto es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
