La Justicia avanza en la causa que investiga el presunto destino de fondos del Polo Obrero hacia actividades políticas. Según un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, parte del dinero que el Estado entregó a la organización terminó financiando campañas del Partido Obrero a través de maniobras fraudulentas.
Una de las principales empresas involucradas es la imprenta “Ediciones e Impresiones Rumbos”, que habría servido de pantalla para canalizar más de 31 millones de pesos mediante facturación apócrifa. Su socio gerente, Roberto Albornoz, figura como aportante de campañas del Partido Obrero con sumas millonarias.
El informe de la Cámara Electoral detalla que la misma imprenta fue contratada para imprimir boletas y realizar publicidad digital para la agrupación política. Durante un allanamiento, se constató que su domicilio fiscal no correspondía a una sede operativa, sino a la vivienda de un matrimonio mayor, mientras que su domicilio alternativo resultó ser la sede del Partido Obrero.
El fiscal Pollicita solicitó que Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y otras 17 personas sean llevadas a juicio oral por fraude al Estado y extorsión a beneficiarios de aviones sociales. Además, se identifican otras empresas vinculadas a maniobras similares, como Makosen SRL y Ricoprint SRL, que triangulaban los pagos hacia la estructura partidaria.
